El aporte de la resolución 1325 "Paz, Mujer y Seguridad" a las fuerzas armadas de Chile y sus desafíos

1. INTRODUCCIÓN

Tras el término de la Guerra Fría, el orden internacional ha transitado de un mundo bipolar a uno de carácter multipolar con numerosos actores que han ido ganando terreno. En esa línea han surgido nuevas discusiones sobre diferentes temáticas como la inclusión de la mujer en espacios de tomas de decisiones. Esto debido a que en el año 2000 Naciones Unidas implementó la resolución 1325 conocida como "Paz, Mujer y Seguridad" en el que se encarga de abordar los principales lineamientos de la incorporación y defensa de la presencia femenina en la toma de decisiones y resolución de los conflictos bélicos con el propósito de asegurar la paz mundial, la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos (ONU Mujeres, 2024). Los principales motivos para su implementación radicaron en los cambios en la arquitectura internacional de seguridad; en la naturaleza cambiante del conflicto; en la ampliación del concepto de seguridad con la incorporación del enfoque de la seguridad humana, y la influencia creciente de las ONG en las relaciones internacionales.

2. EVOLUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1325 Y FORMACIÓN DE INSTITUCIONALIDAD

La resolución 1325 "Paz, Mujer y Seguridad" se caracteriza por el establecimiento de un marco jurídico y político histórico, ya que también reconoce la importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Además, también incluye criterios como de la inclusión de la perspectiva de género en los procedimientos de negociaciones de paz, la planificación humanitaria, las operaciones de mantenimiento de la paz, la consolidación de la paz como escenario posterior al conflicto y la gobernanza. Cabe enfatizar, que la agenda se caracteriza por plantear que la "amplia participación de mujeres genera un impacto positivo en este ámbito. Destacan la mitigación de los conflictos y enfrentamientos, la atención de las víctimas de violencia de género, su participación de manera activa en los procesos políticos de construcción y mantenimiento de la paz" (Política Exterior Feminista, Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, 2023).

La implementación mandata a los Estados Miembros a realizar acciones tales como aumentar la representación en los niveles de adopción de decisiones, la cantidad de Representantes y enviadas especiales, en la cantidad personal en operaciones y en incrementar el apoyo a las actividades de adiestramiento destinadas a crear sensibilidad sobre las cuestiones de género. Además, también impulsa al Secretario General a nombrar más mujeres representantes especiales y enviadas especiales, ampliar el papel y la aportación de mujeres en las operaciones de paz, velar que las operaciones sobre el terreno incluyan el componente de género, proporcionar a los Estados Miembros directrices y material sobre la temática asociadas a la resolución para la toma de decisión.

Esta resolución sentó las bases para la implementación de resoluciones adicionales realizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las cuales fueron la resolución 1820 del año 2008 que se caracteriza por reconocer por primera vez la violencia sexual como crimen de guerra, de lesa humana o en calidad de acto constitutivo de genocidio "exhortando a las partes en los conflictos armados, incluidos los actores no estatales, a proteger a los civiles de la violencia sexual, hacer cumplir la disciplina militar y el principio de responsabilidad del mando, enjuiciando a los responsables" (Subsecretaría de Defensa, 2015, p. 20).

Además, se encuentra la resolución 1888 del año 2009 que plantea la implementación de medidas para implementar la resolución 1820 y el enjuiciamiento de la violencia sexual en los tribunales, la resolución 1889 del año 2009 que resalta el rol de la mujer en la prevención de conflictos y en la construcción de acuerdos de paz como también en el aumento de personal femenino en las operaciones de mantenimiento de la paz; la resolución 1960 del año 2010 con el establecimiento de un sistema de rendición de cuentas para influir en la conductas de quienes cometan crímenes y perpetren los mismos mediante un registro con un proceso de reportes, análisis y monitoreo; la resolución 2106 del año 2013 que busca acabar con la impunidad de los crímenes de violencia sexual fijando la principal responsabilidad en los Estados y el establecimiento de una nueva cultura de la disuasión; amplía el marco conceptual de la violencia sexual, también plantea la necesidad de despliegue de asesoras de protección de las mujeres en operaciones de Paz y resalta la necesidad de una estrategia multidimensional para enfrentar la violencia sexual; la resolución 2122 del año 2013 que reafirma lo señalado en las anteriores resoluciones y enfatiza que "de resaltar la importancia de la participación de mujeres —incluso a través de la sociedad civil en instancias de deliberación para la prevención y solución de conflictos—, reconoce la necesidad de que la resolución 1325 se aplique sistemáticamente en su propia labor y reitera la intención de convocar un examen de alto nivel en 2015 para evaluar el progreso a escala mundial, regional y nacional" (Subsecretaría de Defensa 2015, p. 20-21). Adicionalmente, en el año 2015 se impulsó la resolución 2242 que exhorta a una implementación mucho mayor de la agenda de mujeres, paz y seguridad ante los desafíos y problemas globales tales como lo representan el terrorismo, el cambio climático, el extremismo violento y el aumento del número de refugiados y desplazados internos por conflictos y crisis. En esa línea la resolución enfatiza el reconocimiento del Instrumento de Aceleración Global para Mujeres, Paz y Seguridad y Acción Humanitaria como método de financiamiento con el objetivo de coordinar respuestas y acelerar la implementación de la agenda (Real Instituto Elcano, 2020).

Cabe complementar, que se crea en el año 2010 ONU Mujeres con el propósito de fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, reconociendo también que tienden el impacto de las mujeres en escenarios bélicos, considerando que tienden a ser las más perjudicadas en los conflictos bélicos junto con menores de edad. Por lo que el impacto de la Resolución 1325 ha sido significativo en la construcción de un marco jurídico que se fue perfeccionando con el transcurso de los años y uno de sus "mayores logros de la Resolución 1325 ha sido visibilizar el papel de las mujeres en los conflictos, no solo como víctimas, sino también como combatientes, activistas políticas y constructoras de paz" (Sánchez, 2025).

3. LA EXPERIENCIA DE CHILE Y SUS AVANCES

En el caso de Chile, es posible señalar que ha implementado importantes avances en favor de la incorporación de la mujer en las fuerzas armadas. Al término de la década de 1960, específicamente en el año 1968 se dictó el Estatuto del Personal de Fuerzas Armadas a través del Decreto con Fuerza de Ley N°1 que regula la carrera profesional del personal de las fuerzas armadas. Hasta esa fecha de acuerdo a Harvey (2015), "el escrito primario que no consideraba la presencia en las filas de ninguna de las FF. AA. chilenas y que debió ser modificado cuando el Ejército decidió el ingreso de las mujeres a los escalafones considerados hasta esa fecha solamente por hombres" (p. 118). Estos avances tienen su origen en la década de 1970, específicamente en el año 1974 con la incorporación formal femenina como parte de las fuerzas armadas tras la creación de la Escuela del Servicio Auxiliar del Ejército denominado "Javiera Carrera Verdugo" y del Servicio Femenino.

Posteriormente, en el año 2009 Chile destacó en la región con la implementación del Primer Plan de Acción Nacional para la Implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 1325/2000. En esa línea posteriormente se implementó el Segundo Plan de Acción Nacional para la Implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 1325/2000 del año 2015 por parte del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Además, desde 2022 existe la ley N°21.466 que establece el 27 de noviembre como el Día Nacional de las Cantineras en reconocimiento a aquellas mujeres que participaron en la Guerra del Pacífico. En la actualidad se encuentra en funcionamiento políticas públicas en favor de la igualdad de género por parte del Ministerio de Defensa como parte de la agenda de igualdad de género e inclusión 2022-2026 del gobierno de Gabriel Boric que contempla las siguientes iniciativas y acciones que serán mencionadas a continuación:

1. Fortalecimiento de los mecanismos y protocolos para la prevención y abordaje del maltrato y acoso laboral y/o sexual (MALS) en la Defensa Nacional.
2. Formulación e implementación del III Plan de Acción Nacional, de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, en conjunto con las Fuerzas Armadas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
3. Diagnóstico actualizado sobre la integración de las mujeres en la Defensa Nacional.
4. Diagnóstico y fortalecimiento de los sistemas de soporte para la corresponsabilidad social del cuidado en el sector.
5. Fortalecimiento de los sistemas de gestión de personas en el sector de la Defensa Nacional.
6. Implementación gradual y progresiva de Salas de Lactancia en todas las instituciones de la Defensa Nacional.
7. Promoción de la formación de capital humano con enfoque de género para la Defensa Nacional.
8. Promoción de la investigación y generación de conocimiento que contribuya a la igualdad de género en la Defensa Nacional.
9. Incorporación del enfoque de género en las planificaciones estratégicas del sector, a nivel de procesos y/o productos, según sea pertinente (Ministerio de Defensa Nacional, Política e Igualdad de Género 2022-2026, 2022).

Los compromisos asumidos son contribuir a consolidar la integración de las mujeres en la Defensa Nacional; continuar colaborando en la agenda Mujer, Paz y Seguridad de Naciones Unidas; y robustecer la prevención y abordaje efectivo de la violencia de género. Estos compromisos operan dentro del marco del objetivo estratégico n°7 que plantea "favorecer la integración e inclusión en las instituciones que componen la Defensa Nacional promoviendo la planificación y gestión sectorial con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos" (Ministerio de Defensa Nacional, 2025). El cual permite a partir de la gestión sectorial que tanto las Fuerzas Armadas (FF. AA.) como los servicios públicos dependientes y/o relacionados pueden formular sus planificaciones anuales considerando acciones y estrategias que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres.

Sobre la experiencia de Chile, es posible señalar que previo a la implementación de la resolución 1325 ha tenido implicancias importantes, especialmente con la transición a la democracia en 1990 con las operaciones de paz y posteriormente a su implementación con la llegada del nuevo milenio. Estas implicancias se reflejan a partir de los gobiernos de la Concertación. En el caso de la administración encabezada por Patricio Aylwin, Chile tenía responsabilidad a nivel internacional, pero "estuvo exento durante este período de las discusiones académicas internacionales y ajeno a los procesos de cambios en estas materias (Le Dantec 2006, p. 116). Lo cual se explica por la consolidación institucional del país tras el retorno a la democracia en 1990 con la conclusión del Informe Rettig, importantes reformas en materia de seguridad y la creación de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) bajo la Ley N°18.989 que comenzaría a desarrollar políticas de cooperación con otros países tanto en Cooperación Triangular como en Cooperación Sur-Sur (Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2024).

Mientras que, a partir del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) ya comenzaría a tener un rol más activo y se demuestra en su propuesta programática en materia de política exterior señalando que "participar de manera selectiva en iniciativas tendientes a lograr la paz, la extensión de la democracia y del respeto de los derechos humanos y el desarrollo y la equidad en el sistema internacional" (Le Dantec 2006, p. 117). Lo cual permitió sentar las bases militares, políticas y legales para adecuarse a la política internacional de las Operaciones de Paz que se materializó en 1996 con la denominada "Política Nacional para la Participación del Estado de Chile en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz" mediante el Decreto Supremo N°94, el cual le asigna "a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, la tarea de contribuir en la evaluación y orientación sobre las decisiones del Gobierno de Chile, para autorizar la participación en este tipo de misiones de carácter internacional" (Segura 2010, p. 130).

El presidente Eduardo Frei en su primera alocución otorgó las primeras señales de la política exterior de Chile en base a sus propuestas programáticas de su campaña de 1993, señalando:

Los grandes principios de la política exterior chilena a lo largo de la historia han sido y son el respeto intransable al derecho internacional, la solución pacífica de controversias, la cooperación internacional, la promoción de la democracia y de las relaciones amistosas entre los pueblos del mundo. En el actual contexto internacional, estos principios adquieren una especial concreción en el apoyo activo y dinámico a la internacionalización de la economía chilena mediante lo que llamamos "una diplomacia para el desarrollo. De acuerdo a este criterio orientador, hemos definido tres grandes objetivos para la política exterior: Primero, profundizar la internacionalización de la economía chilena, concretando alianzas y acuerdos que aseguren una adecuada inserción en un mundo cada vez más interconectado. Segundo, potenciar las relaciones con nuestros principales socios en el mundo, desarrollando a la vez un clima externo propicio para alcanzar la estabilidad democrática, especialmente en la región latinoamericana. Tercero, participar de manera selectiva en iniciativas tendientes a lograr la paz, la extensión de la democracia y del respeto a los derechos humanos, y el desarrollo y la equidad social en el sistema internacional. (Le Dantec 2006, p. 118).

Lo anteriormente planteado refleja la política exterior de Chile en materia de defensa a partir de la creación del primer libro de la Defensa Nacional que fue publicado en 1997. Dentro de los objetivos se encontraba "contribuir a la mantención y promoción de la paz y la seguridad internacional, en acuerdo con el interés nacional" (Le Dantec 2006, p. 120). Además, se establecía la mantención y la promoción de la paz mundial como parte de la política de defensa y exterior de Chile. En esa línea Chile manifestaba su disposición a participar en misiones de paz como parte de la política de defensa, pero "el Libro establecía claramente que "Chile no participará en las operaciones de imposición de la Paz, a que se refiere el Capítulo VII de la Carta de la Naciones Unidas"" (Le Dantec 2006, p. 120). Cabe agregar, que también se creó la Nueva Política Nacional para la Participación del Estado de Chile en Operaciones de Paz mediante el Decreto Supremo N°68 de 1999 que establece tres elementos relevantes en sus considerandos cuatro, cinco y seis, los cuales son:

• "La Constitución Política de la República de Chile establece que es deber del Estado de Chile resguardar la seguridad nacional;

• En un sentido integral y moderno, la seguridad de Chile depende de un diverso conjunto de factores, tanto internos como externos;

• Entre estos factores, cabe destacar la estabilidad y la seguridad internacionales. Asimismo, que la globalización de las relaciones deriva en que los conflictos repercuten internacionalmente en forma más amplia e intensa, por lo tanto, adquieren una mayor supremacía los pactos de seguridad y estabilidad internacional" (Le Dantec 2006, p. 105).

A partir de lo señalado anteriormente, Chile participa como parte de las operaciones de paz de los conflictos entre Ecuador y Perú en calidad de país garante del Tratado de Río de Janeiro, país miembro de la Comisión Especial de Observación en Irak entre 1996 y 1998 y en el conflicto de Bosnia-Herzegovina entre 1997 y 2002. Este último conflicto trasciende al mandato del expresidente Frei y finalizaría en la presidencia de Ricardo Lagos que se mencionará a continuación.

Mientras que, durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), es posible señalar que aspiraba a que Chile tuviera un rol mucho más activo en el orden internacional que se materializó con la participación de Chile como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y como actor a nivel regional a través de la defensa de la globalización y el multilateralismo, diferenciándose de sus antecesores de los gobiernos de la Concertación que se centraron en consolidar la democracia e insertar de manera exitosa Chile en el proceso de apertura económico dentro del contexto de la globalización. En esa línea, la administración del expresidente Lagos planteaba en su programa que "acrecentaremos la presencia chilena en operaciones de paz, y una estrecha articulación de la política exterior y de defensa en el desarrollo de un pensamiento estratégico acorde a las nuevas características internacionales. Esto supone una fluida y permanente coordinación entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional" (Le Dantec 2006, p. 125). En materia de defensa, Chile envió tropas a Haití como parte de las operaciones de paz que comenzaron en dicho país, lo cual constituyó un hito histórico, ya que "por primera vez en nuestra historia, Chile participa masivamente en una Misión de Imposición de la Paz bajo el mandato de las Naciones Unidas" (Le Dantec 2006, p. 67). Además, Chile aparte de ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, participó en las operaciones de paz en países como Bosnia-Herzegovina, Timor Oriental, Kosovo, Irak, Chipre, República Democrática del Congo y Haití. Los cuales se aprecian en la siguiente tabla con su respectivo período de tiempo:

Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) la política de defensa y conforme a la resolución 1325, es posible añadir que se elaboró el primer plan de acción nacional para la implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el año 2009 y que fue pionero en la región. Entre los actores institucionales se encontraban el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional y el Servicio Nacional de la Mujer. De acuerdo a Gauché (2019), un plan de acción nacional "es un documento que detalla las medidas que está adoptando actualmente un gobierno, y las iniciativas que llevará a cabo en un plazo de tiempo determinado para cumplir las obligaciones incluidas en la Resolución 1325" (p. 4). Dicho plan se caracterizó principalmente por contar con una estructura de cuatro objetivos, los cuales son:

1. Enfoque de género: Promover la incorporación de la perspectiva de género en la comprensión y el abordaje de los procesos de prevención de conflictos, situaciones de conflicto y post-conflicto.
2. Enfoque de derechos: Respetar, garantizar y proteger los derechos de las mujeres y niñas en situaciones de conflicto y posconflicto.
3. Enfoque participativo: Generar condiciones para la participación equitativa de mujeres en los procesos de paz y en la toma de decisiones en materia de paz y seguridad internacional.
4. Coordinación: Potenciar la coordinación de esfuerzos desarrollados a nivel internacional, intersectorial y con la sociedad civil. (Villalobos 2011, p. 5).

En el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) se mantuvo la implementación de la Resolución 1325, pero se encontró con dificultades iniciales en razón del cambio gubernamental y del terremoto del 27 de febrero que implicó orientar esfuerzos y recursos en la reconstrucción de las zonas afectadas. Esto se explica debido a que "la etapa de implementación del Plan de acción con cambio de gobierno, que se desarrolló en marzo de 2010" (Villalobos 2011, p. 6). Además, la primera administración tenía centrada la agenda en la reconstrucción, el crecimiento económico y la generación de empleos. Lo cual implicó dificultades para la administración y la agenda centrada en la Resolución 1325, ya "que en el caso del PAN marcó una mayor dificultad para volver a visibilizar el tema con las nuevas autoridades en cada uno de los sectores (...) no tenía un discurso previo fuerte en materia de género, ni tampoco en defensa, en relación a nuevas concepciones de seguridad, cooperación, entre otros" (Villalobos 2011, p. 6). Lo cual tuvo como repercusión en la coordinación interministerial y un proceso de reorganización en los principales ministerios participantes y cambios administrativos (Ley N°20.424), ya que en dicho período se "mostró que el Observatorio de la sociedad civil como mecanismo de seguimiento y control tenía una debilidad institucional, por una parte funcionaba sin presupuesto asignado y por otra, sus miembros habían sido convocados fundamentalmente en su calidad personal de expertos/as y su interés en el tema, más que como representantes de instituciones" (Villalobos 2011, p.6). Pese a estas circunstancias, la implementación del Plan de Acción Nacional tuvo aspectos positivos, ya que esto se debe al cumplimiento por parte de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que cumplen a través del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) y las instituciones agrupadas en el Ministerio de Defensa con informes anuales de sus avances. Otro aspecto positivo provino por parte de la sociedad civil, principalmente por la academia, ya que se profundizó el "interés de hacer estudios académicos al respecto" (Villalobos 2011, p. 8).

Mientras que, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) se puso en marcha el segundo plan de acción para la implementación de la resolución 1325. Dicho plan se caracterizó principalmente por contar con cuatro objetivos que serán señalados a continuación. El primer objetivo es la prevención y que consiste en "incorporar la perspectiva de género en todas las actividades y estrategias de prevención de conflictos y de mantenimiento y fomento de la paz; en la creación de mecanismos e instituciones eficaces de alerta anticipada que tengan en cuenta las cuestiones de género y, en el fortalecimiento de las medidas para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas en razón del género, en particular, las diversas formas de violencia sexual" (Subsecretaría de Defensa 2015, p. 23). El segundo objetivo es la participación y consiste en "promover y apoyar la participación activa y significativa de las mujeres en todos los procesos de paz y su representación en todos los niveles de adopción de decisiones relacionadas con la prevención, gestión y solución de conflictos. también contempla el fortalecimiento de las alianzas y contactos con grupos y organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos de las mujeres" (Subsecretaría de Defensa 2015, p. 23). El tercer objetivo es la protección y consiste en "fortalecer y ampliar medidas para garantizar la seguridad, la integridad física y mental, la salud sexual y reproductiva, el bienestar, la autonomía económica y la dignidad de las mujeres y niñas; en respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de mujeres y niñas, incorporando la perspectiva de género en las instituciones que cumplen algún rol en operaciones de paz, conflicto y postconflicto" (Subsecretaría de Defensa 2015, p. 23). Y el cuarto objetivo es socorro y recuperación que consiste en "propiciar el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones tanto a los mecanismos y servicios de distribución de la ayuda, en particular los relativos a las necesidades concretas de las mujeres y niñas en todos los esfuerzos de recuperación y socorro, como a la justicia de transición" (Subsecretaría de Defensa 2015, p. 23). Mientras que, a nivel internacional, en el año 2015 se aprobó la resolución 2242 que considera que "la agenda de mujeres, paz y seguridad un componente central a la hora de abordar los retos del nuevo contexto de paz y seguridad mundial, lo que incluye un incremento del extremismo violento, mayores cifras de personas refugiadas y desplazadas internamente, y los impactos mundiales del cambio climático y las pandemias sanitarias. Se trata de la única resolución del Consejo que reconoce estos cambios. La resolución 2242 insta a lograr una mayor participación y liderazgo de las mujeres y de las organizaciones de mujeres en la elaboración de estrategias para contrarrestar el extremismo violento y el terrorismo" (ONU Mujeres, 2024).

Y durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), se estableció el Concejo para la Implementación de la Agenda 2030, de los cuales algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se enfocan en Igualdad de Género (ODS n°5) y Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (ODS n°16) asociados con los lineamientos de la Resolución 1325. Adicionalmente se implementó el Plan Nacional de Derechos Humanos (2018-2021) que fue elaborada en 2017 por la anterior administración y que la agenda del expresidente contaba con una propuesta en la que el "Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en conjunto con el Ministerio del Interior y Seguridad Ciudadana y el Ministerio de Defensa, desarrollarán un Plan de Derechos Humanos, que establezca como uno de sus ejes principales la no discriminación arbitraria contra la mujer en nuestras Fuerzas Armadas y de Orden" (Presidencia 2018).

Cabe señalar, que la política exterior chilena se ha caracterizado por la defensa de los principios que se sustentan en el respeto al derecho internacional que se subdivide en el respeto a la vigencia de los tratados internacionales, la solución de controversias, la autonomía y el respeto a la soberanía y la preservación de la integridad territorial, además de la promoción de la democracia y los derechos humanos y la responsabilidad de cooperar (Ministerio de Relaciones Exteriores, Principios de la Política Exterior Chilena, 2025). Dichos principios han tenido un rol fundamental en las decisiones de la política exterior chilena que se han evidenciado en las diferentes administraciones desde el retorno a la democracia como la inserción económica en la firma de tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales, la integración y participación en diversos organismos multilaterales, la defensa de los derechos humanos expresada en el voto emitido en el Consejo de Seguridad en calidad de miembro no permanente que condenaba la invasión de Irak en el año 2003 y la creación del Grupo de Lima en el año 2015 para condenar la violación de los derechos humanos en Venezuela con el respaldo de los demás países latinoamericanos que la han brindado una importante credibilidad en el orden internacional

Cabe añadir, que en el año 2023 la política exterior de Chile incluyó dentro de sus principios la promoción y defensa de la política exterior feminista. Esta política consiste principalmente en la defensa del principio de igualdad y no discriminación con el propósito de incorporarlo en los principios de la política exterior del país. Cabe considerar también que el otro propósito radica en eliminar los obstáculos que impiden el avance de las mujeres y niñas hacia el pleno ejercicio de su autonomía y derechos. Dentro de sus postulados, la política exterior feminista contempla derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, la promoción y erradicación de la violencia de género, empoderamiento y mayor representación de las mujeres, comercio y género, cambio climático y género, agenda digital ciencia e innovación, sistema integral de cuidados y la agenda mujer, paz y seguridad. Este plan de acción fue difundido por Chile el pasado 7 de marzo de 2024 en el marco de la 68ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (68 CSW). En dicha instancia se valoraron los avances realizados por otros países, realizar balances en conjunto, reconocer desafíos e intercambiar buenas prácticas entre los distintos países y experiencias en cuanto al desarrollo y maneras de enfrentar las políticas con perspectiva de género. En esa línea Sauterel (2015) complementa que la perspectiva de género "resulta de vital importancia a la hora de decidir políticas públicas, con la finalidad de aplicar medidas correctivas de equidad para intencionar la igualdad de oportunidades y evitar la reproducción de las discriminaciones entre los sexos" (p. 22).

Desde luego, la decisión del Estado de Chile de materializar la política exterior feminista le ha permitido ser pionero en la región con la incorporación de la mujer en el espacio de toma de decisiones, valorándola como agente de cambio. Esta decisión busca promover un cambio en el orden internacional y en sus estructuras. Esto debido a que los impulsores consideran que el escenario internacional requiere de la configuración de una arquitectura que permita identificar espacios para la creación y actualización de normas, incorporando el enfoque de género mediante un enfoque interseccional, es decir, reconociendo que la discriminación hacia mujeres y niñas se profundiza cuando se consideran variables étnicas, etarias, de clase social, entre otros tipos de discriminaciones (Ministerio de Relaciones Exteriores, Política Exterior Feminista, 2022). A continuación, se presentará el siguiente gráfico de la reciente edición del reporte del Atlas comparativo de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina año 2024 sobre el porcentaje de personal militar femenino.

En el gráfico n°1 se aprecia el porcentaje de mujeres en fuerzas armadas, oficiales y suboficiales de 21 países latinoamericanos. En dicha edición, Chile se destaca dentro de la región como uno de los países con mayor cantidad de personal femenino en las fuerzas armadas como en fuerzas de orden con el 21,5%. Específicamente se ubica como el cuarto país a nivel regional y siendo superado por Costa Rica con el 25% (solo cuenta con fuerzas de orden), Brasil con el 22,1% y Uruguay con el 21,6%.

Lo anterior se explica por el rol institucional en cuanto a la promoción de aumentar la cantidad de reclutas femeninos para integrar las fuerzas armadas como de orden en lo que respecta a la membresía compuesta por hombres y mujeres. Chile ha destacado en la región por ser pionero en la implementación de la Resolución 1325 y posteriormente en el año 2015 en la actualización de la misma. En esa línea, dentro de la Política Exterior Feminista presentada por el Ministerio de Relaciones de Exteriores se encuentra el eje "Agenda Mujeres, Paz y Seguridad" el cual se enfoca tras la experiencia regional y global en "fomentar la presencia de mujeres en diversos ámbitos en su contribución a la paz y seguridad. Asimismo, se reconoce la perspectiva de género como un enfoque que evidencia los impactos diferenciados que las situaciones de crisis, conflicto y emergencias tienen sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes en toda su diversidad y reconoce la necesidad de la protección especial de sus derechos" (Política Exterior Feminista, Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, 2023). Esto tiene implicancia en potenciar a la figura femenina como promotora de cambio en la toma de decisiones de los diferentes escenarios establecidos, entre ellos las operaciones de paz. A continuación, se presenta el siguiente gráfico con el porcentaje de personal femenino en operaciones de paz.

Fuente de elaboración propia en base a porcentajes extraídos del Atlas Comparativo de la Defensa de América Latina 2024 de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina.

En el gráfico n°2 se aprecia el porcentaje de mujeres en operaciones de paz de 15 países latinoamericanos conforme al Atlas Comparativo versión 2024 de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina. En dicha edición Chile posee el 42% de su personal femenino en operaciones de paz, siendo el cuarto país de la región en términos porcentuales solo siendo superado por Colombia, Cuba y República Dominicana. Para el cumplimiento de estas misiones existen indicadores que permiten monitoreo el progreso de las misiones de Chile en Operaciones de Paz, según Jarpa (2019), "los grados de cumplimiento han sido operacionalizados de la siguiente manera:

• Nivel alto: el Estado ha modificado su comportamiento de manera favorable sobre todos o casi todos los criterios señalados.

• Nivel medio: el Estado ha modificado su comportamiento de manera favorable sobre algunos de los criterios señalados.

• Nivel bajo: el Estado ha modificado su comportamiento de manera favorable sobre pocos o ninguno de los criterios señalados (p. 17).

Lo señalado refleja un avance de Chile a nivel regional en cuanto a la incorporación de mujeres dentro de las ramas de las fuerzas armadas como también en el despliegue del personal femenino para las operaciones de paz en las cuales Chile participa de forma activa como han sido el despliegue hacia Haití, India, entre otros; y la participación en ejercicios militares conjuntos "PANAMAX, UNITAS, RIMPAC, Cruz del Sur y Estrella Austral, entre otros. La participación de Chile en estas actividades demuestra un compromiso sostenido con la cooperación en defensa, la seguridad internacional y el fortalecimiento de alianzas estratégicas" (Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa, Asuntos Estratégicos, Paz, 2025). Además, en 2024 se ha desplegado personal militar para mantener la paz en Chipre con un oficial y cinco suboficiales. Labor que Chile realizó en un plazo de siete meses con personal militar de Rusia, Hungría, Inglaterra, Austria, Argentina, Eslovaquia, Pakistán, Mongolia y Serbia (Ejército de Chile, 2024).

4. DESAFÍOS PENDIENTES

4.1 A nivel global

Otro de los desafíos constituye en seguir capacitando y formando a más personal femenino para procesos de negociación de paz. Esto se debe a que uno de los principales problemas a nivel internacional es la falta de mujeres en procesos de tomas de decisiones de negociaciones de paz, ya que solo en 2022 "las mujeres participaron como negociadoras o delegadas de las partes en conflicto en cuatro de los cinco procesos de paz activos dirigidos o codirigidos por las Naciones Unidas. Sin embargo, su porcentaje de representación se limitó a un 16 %, lo que supone un nuevo descenso en comparación con el 19 % de 2021 y el 23 % de 2020. Si las Naciones Unidas no hubieran tomado medidas diligentes, esta cifra habría sido aún menor" (Secretaría General de Naciones Unidas 2023, p. 4). Adicionalmente, en los procesos de negociación de paz acordados existieron pocos que hacían referencias a temáticas de género, a las mujeres y a las niñas, específicamente solo "6 de los 18 acuerdos de paz alcanzados en 2022, un 33 %, incluían disposiciones que hacían referencia a las mujeres, las niñas y las cuestiones de género" (Secretaría General de Naciones Unidas 2023, p. 5).

En el caso de Naciones Unidas, esta organización se plantea como compromiso seguir potenciando la participación directa de mujeres en procesos de negociación de paz mediante la defensa del uso de puestos reservados en los equipos de negociación, el uso de mecanismos de inclusión y la fijación de objetivos para su cumplimiento. En ese sentido, el informe del Secretario General (2023) señala que existen "muchos ejemplos de la aplicación de buenas prácticas para avanzar en los objetivos de paridad de género y aumentar la participación significativa de las mujeres, es necesario que se apliquen este tipo de medidas de forma sistemática y que vayan acompañadas del apoyo y los recursos necesarios. La falta de voluntad política demostrada por las partes en conflicto con respecto a la inclusión de las mujeres en pie de igualdad sigue siendo un obstáculo importante" (p. 8). Lo cual puede afectar la sostenibilidad de la financiación de esta política y el compromiso de incorporar a las mujeres en los procesos de toma de decisiones se transforme en una decisión simbólica sin un efecto significativo. Por lo que se requiere de un compromiso tácito de los actores del orden internacional y de sus respectivas instituciones para que se logre sostener con el transcurso de los años. Debido que a la paz será estable "si las mujeres son plenamente incluidas en la toma de decisiones y si sus derechos están protegidos en todos los niveles de la agenda internacional de seguridad. El desafío ahora no es solo garantizar su participación, sino transformar las estructuras de poder" (Sánchez, 2025). Esto en beneficio de hombres y mujeres cuya participación en el proceso de toma de decisiones permitirá mejorar la resolución de conflictos y lograr estabilidad dentro del orden internacional con el compromiso de perfeccionar los diferentes planes de implementación conforme a las necesidades, desafíos y urgencias que experimenta el sistema internacional en materia de seguridad y defensa.

4.2 Experiencia comparada: los casos de España, Noruega, Canadá y Australia

En base la experiencia comparada de países como España, Noruega, Canadá y Australia, podemos señalar que han implementado sus planes nacionales con énfasis en prácticas asociadas a la prevención y socorro. Estas experiencias serán descritas a continuación.

4.2.1 España

En primer lugar, sobre el caso del Plan de Acción Nacional de España podemos señalar que ha adoptado dos Planes de Acción Nacional, el Primer Plan de Acción Nacional y el más reciente de 2017-2023 plantea cuatros ejes fundamentales como lo son la integración de la perspectiva de género en la prevención, manejo y resolución de conflictos y construcción de paz (peacebuilding), el aseguramiento de la participación significativa de mejores en los procesos de toma de decisiones relativo a la prevención, manejo y resolución de conflictos, la garantía la protección y el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas en situaciones de conflicto y posconflicto y la efectiva aplicación de la perspectiva de género en la definición de medidas de reparación y recuperación que involucran a las víctimas de un conflicto bélico. Dentro los actores institucionales participantes son el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, Igualdad y Servicios Sociales y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Mientras que, en cuanto a los actores de la sociedad civil, estos provienen principalmente de organizaciones sociales, organizaciones femeninas y centros de investigaciones y estudios. Ejemplos de organizaciones que participaron y realizaron contribuciones son "Alianza Por la Solidaridad (APS); Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres (CEIM); Forum de Política Feminista (FpF); Mujeres en Zona de Conflicto (MZC); Human Rights Office, Universidad Rey Juan Carlos (URJC); Real Instituto Elcano; Spanish Women in International Security (SWIIS); Women's International League for Peace and Freedom (WILPF- España)" (Plan de Acción Nacional de España 2017-2023, p. 15).

En sintonía con lo mencionado anteriormente, es posible señalar que "España ha promovido políticas estratégicas para garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre paz y seguridad, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional" (Sánchez, 2025). Dichas políticas se han realizado mediante la implementación de planes de acción "que buscan integrar la perspectiva de género en la seguridad y defensa, así como en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria" (Sánchez, 2025). Este compromiso se ha complementado con los de la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en materia de género, ya que "las implicaciones que se derivan de este plan europeo para las Fuerzas Armadas son las siguientes: 1) el enfoque de género hace parte de la dirección estratégica de la acción internacional de la Unión; 2) el respeto de los derechos humanos y la igualdad debe ser fortalecido; y 3) la oferta de cursos sobre la Agenda MPS debe ser garantizada por parte de los Estados Miembros" (Tirado & Cujabante-Villamil & Librado 2024 ,p. 229). Pese a los avances alcanzados en la implementación de los dos Planes de Acción Nacional, la implementación de la Agenda tras la Resolución 1325 "sigue enfrentando desafíos importantes. La persistencia de desigualdades de género en el ámbito político y militar sigue siendo una barrera para la plena inclusión de las mujeres en la toma de decisiones sobre paz y seguridad" (Sánchez, 2025). Lo cual constituye un desafío que la institucionalidad debe abordar en el corto, mediano y largo plazo con políticas públicas efectivas que permitan reducir las barreras para la inclusión plena de mujeres en el proceso de toma de decisiones concernientes a la resolución de conflictos y defensa de la paz.

4.2.2 Noruega

En segundo lugar, sobre el caso de Noruega, es posible señalar que cuenta con cinco Planes de Acción Nacionales implementados en los años 2006, 2011, 2015, 2019 y 2023. El Plan de Acción Nacional 2023-2030 consiste en tres ejes fundamentales, el proceso de paz e implementación de los acuerdos de paz, la política de seguridad y operaciones, la protección de civiles, de los derechos humanos como parte de los esfuerzos humanitarios incluyendo la perspectiva de género en las diferentes áreas para hacer frente a amenazas como las guerras, el terrorismo y la radicalización. Los actores interministeriales que participan activamente son el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Cultura e Igualdad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Trabajo e Inclusión Social.

Noruega se ha caracterizado por tener importantes avances en favor de la incorporación de mujeres en los procesos de toma de decisiones para la prevención de conflictos bélicos, participando "en operaciones militares exteriores y de mantenimiento de la paz" (Perfil de Noruega. Plan de Acción Nacional) y en procedimientos con los estándares de la OTAN. Estos avances le han permitido mantenerse entre los tres primeros países que lideran el Índice Global de Brecha de Género (ediciones 2024 y 2025) realizado anualmente por el Foro Económico Mundial. Lo cual se explica en parte por ser país pionero en la implementación de estas temáticas.

4.2.3 Canadá

En tercer lugar, sobre el caso de Canadá se puede señalar que cuenta con tres Planes de Acción Nacional implementados en el año 2010, 2017 y 2023, este último tiene como plazo a cumplir para el año 2030. En esta Plan de Acción Nacional participan como actores institucionales tales como el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Monarquía-Indígenas y Asuntos del Norte, Ministerio de Justicia, Fiscalía General de Canadá, Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, el Ministerio de Seguridad Pública, Instituciones Democráticas y Asuntos Intergubernamentales, el Ministerio de la Mujer, Igualdad de Género y Juventud, el Ministerio de Promoción de Exportaciones, Comercio Internacional y Desarrollo Económico, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Asuntos de Veteranos y el Ministerio de Desarrollo Internacional.

Este Plan de Acción Nacional se enfoca en seis áreas, las cuales son la Construcción y Sostenimiento de la paz, Seguridad, Justicia y Rendición de Cuentas, Respuesta de Crisis, Violencia Sexual y de Género, Liderazgo y Capacidades e Inclusión. De acuerdo al Plan de Acción Nacional 2023-2030 (2023), "como parte del trabajo del Gobierno de Canadá de mejorar sus capacidades y continua demostración de liderazgo en materia de mujer, paz y seguridad, iniciará 2 temáticas de estudio en el curso del plan de acción" (p. 38). Además, complementa que el gobierno canadiense se encargará de trabajar en materias de asuntos geopolíticos, seguridad, paz emergente, áreas geográficas y otros problemas relacionados con "socios internos y externos, particularmente el Consejo Asesor para identificar áreas donde enfocar la investigación y reportando podrían mejorar la implementación del plan de acción" (p. 38). Lo cual le ha permitido mejorar su posicionamiento en el Índice Global de Brecha de Género del 2015 ubicándose en la posición n°13 con una puntuación de 0.792.

4.2.4 Australia

Y finalmente, sobre el caso de Australia es factible señalar que ha adoptado dos, el más reciente fue implementado en el año 2021 cuyo plazo finaliza en el año 2031. Este Plan de Acción Nacional se caracteriza por estructurarse en cuatro objetivos enmarcados en el empoderamiento de la participación de mujeres y niñas y necesidades en prevención y procesos de paz, la reducción de la violencia sexual y de género, la respuesta a la crisis, los esfuerzos de los ámbitos de la justicia, seguridad y ley y el apoyo resiliente en los derechos y necesidades de todas las mujeres y niñas y demostrar liderazgo y rendición de cuentas sobre la agenda de mujer, paz y seguridad. Los actores institucionales presentes son el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Mujer principalmente.

Australia ha tenido importantes avances en el Índice de Brecha de Género elaborado por el Foro Económico Mundial con una puntuación de 0,792 ocupando el puesto n°13. Australia no posee conflictos bélicos, pero ha participado desplegando efectivos militares en Operaciones de Paz. Adicionalmente el país tiene desafíos importantes en el combate al terrorismo, la radicalización, el extremismo violento, el tráfico de personas y la esclavitud. Para ello el gobierno de Australia se compromete a "respaldar la investigación en lo que funcione para desafiar las normas de género, de discriminación y desigualdad que son usadas por extremistas para reclutar, financiar y respaldar el extremismo violento" (Plan de Acción Nacional de Australia 2021-2031 2021, p. 41).

4.3 Desafíos para Chile

Chile tiene un compromiso favorable a la incorporación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones tanto en su personal militar como diplomático que se refleja en la participación del personal femenino en operaciones de paz y en las negociaciones. Lo cual refleja el compromiso y articulación del Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores en el cumplimiento como actualización de la resolución 1325 en los dos Planes de Acción Nacional. A continuación, en el siguiente gráfico que refleja la puntuación y posición en el ranking de Chile junto con los otros países señalados en la experiencia comparada.

A partir del gráfico expuesto, se puede señalar que Chile ha tenido importantes avances en esta materia, lo cual se considera a lo planteado anteriormente con la realización de políticas en favor de la incorporación femenina en sus fuerzas armadas (considérese la formación de escuelas femeninas en la década de 1960 y 1970) como en otras áreas laborales a través de políticas públicas y decisiones administrativas. Superando a países como Canadá y cercano a la puntuación de países como España y Australia. Esto permite explicar el carácter pionero que ha tenido Chile a nivel regional en la implementación de resoluciones internacionales y el compromiso en favor del multilateralismo y la seguridad internacional alienado con los principios de la política exterior chilena.

Sin embargo, pese a los avances alcanzados por Chile, es necesario considerar en el presente análisis que uno de los principales desafíos que tienen que lidiar los tomadores de decisiones radica en el riesgo de que la implementación de una determinada política pública o una política exterior que implican objetivos que no siempre se cumplen dentro de los plazos fijados para llevarlos a cabo. Considerando que este tipo de decisiones implican un cambio significativo tal como se ha señalado con anterioridad. Lo cual implica tener en consideración la experiencia de Noruega, España y Australia en los avances y desafíos pendientes de la agenda mujer, paz y seguridad. Pero se debe tener en cuenta que las amenazas y riesgos pueden variar conforme a la ubicación geográfica y su realidad geopolítica, los cuales difieren de los que posee Chile.

En esa línea los desafíos pendientes de la resolución 1325 para Chile radican en reforzar la incorporación de las mujeres en las fuerzas armadas, potenciar la política de ascenso del personal femenino en su carrera militar en razón de sus capacidades profesionales, fortalecer la legislación de protección del personal militar cuando existan abusos de poder o episodios de violencia bajo contexto militar y el desafío de reforzar la coordinación institucional entre los diferentes actores participantes en la implementación de la resolución 1325 con el propósito de incorporar a las mujeres en los procesos de toma de decisiones y de resolución de conflictos para preservar la paz.

Pese a que Chile se encuentra dentro de los principales países de la región con mayor porcentaje de personal femenino en sus fuerzas armadas, la presencia de mujeres sigue siendo baja y se requiere de mayores incentivos para potenciar el interés de las mujeres por realizar una carrera militar y que a su vez aquellas mujeres en el progreso de su carrera militar puedan ascender al alto mando de su respecto rama que constituye las fuerzas armadas. Lo cual constituye un desafío para las fuerzas armadas chilenas, ya que nunca en su historia han tenido una comandante en jefe y almirante liderando sus ramas.

Cabe complementar, que uno de los principales desafíos de la resolución 1325 es el mejoramiento de los protocolos contra la violencia de género. Esto es necesario ya que en los conflictos bélicos una de las tácticas más comunes ha sido la violencia de género en escenarios de guerra y terrorismo como parte de estrategia de represión y tortura. Chile ha avanzado en sus protocolos contra la violencia de género y en lo referente a sus fuerzas armadas se han implementado criterios como la perspectiva de género como en otras instituciones del Estado. Esto como parte de la implementación de la Agenda 2030 y la Política Exterior Feminista que agrupa la perspectiva de género y Agenda "Paz, Mujer y Seguridad". En el caso de sus fuerzas armadas, ha habido avances como la aprobación de protocolos que buscan la prevención y sanción de la violencia de género en la institución como lo fue la firma del protocolo contra el acoso sexual y laboral entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Defensa Nacional el año 2019 (Gobierno de Chile, 2019), la no discriminación en las fuerzas armadas como parte de la agenda mujer del segundo gobierno del expresidente Piñera y la agenda de género e inclusión 2022-2026 del gobierno del presidente Boric explicada anteriormente. Los desafíos radican que al término del mandato del actual gobierno sea el cumplimiento de los objetivos planteados con mayor incorporación de personal femenino, actualización de las capacitaciones y prevención como sanción de casos de discriminación dentro de las fuerzas armadas.

En base a lo señalado, se plantea como solución una propuesta de política pública concreta que Chile puede implementar en el corto y en el mediano plazo con objetivos determinados en base a las experiencias de sus versiones anteriores de los Planes de Acción Nacional con los objetivos e indicadores que funcionan de manera óptima y aquellos que requieren de mejorías en materia de recuperación del proceso de consolidación de la paz. Esto tras el proceso de implementación del Segundo Plan de Acción Nacional del año 2015, del cual se destaca que uno de los elementos positivos radica en el sistema de indicadores que favorece el monitoreo de la institucionalidad, debido a que "incorpora un sistema de indicadores para verificar y controlar su aplicación en un espacio de tiempo previsible a través de herramientas metodológicas que permitan su ejecución bajo un concepto moderno de gestión y monitoreo gubernamental" (Gauché 2017, p. 11). Además, desarrolla una mayor cantidad de objetivos en la prevención, pero se observa "el menor desarrollo de objetivos está en el enfoque de socorro y recuperación (consolidación de la paz)" (Gauché 2017, p. 13).

Lo anteriormente planteado constituye un desafío de mejora en la elaboración de objetivos y monitoreo del cumplimiento en dicho indicador para la siguiente elaboración de un Plan de Acción Nacional. Dicho Plan de Acción Nacional (que se encuentra en proceso de elaboración) debe tener elementos de actualización incorporando otros aspectos conforme a los tiempos que actualmente enfrenta el país en sintonía con el interés nacional y su política exterior. En consecuencia, a partir de la evidencia comparada de los países presentados, es necesario que Chile adopte un Tercer Plan de Acción Nacional que permita mantener lo que ha funcionado de los dos anteriores y a su vez mejorar el sistema de indicadores actualizando conforme a las amenazas y desafíos que experimenta el orden internacional con el propósito de tener mejorías en los procesos de tomas de decisiones. Este Tercer Plan de Acción Nacional debe contemplar aspectos esenciales que el país se encuentra abordando para combatir la amenaza del terrorismo, el crimen organizado transnacional y las operaciones de paz en las cuales mantiene una participación activa.

Con respecto a la coordinación interinstitucional, es posible señalar que debe mantenerse la coordinación entre el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Mujer como actores claves en el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de Acción Nacional y a su vez reforzarla para el cumplimiento de estos de manera articulada.

Por lo tanto, los desafíos pendientes de la Resolución 1325 con las fuerzas armadas radica en seguir mejorando los planes de acción y resoluciones mediante actualizaciones y monitoreo del cumplimiento de cada objetivo. Esto a través de un enfoque integral que permita mejorar la coordinación interinstitucional entre los actores intervinientes señalados, mejorar los indicadores del enfoque de socorro y recuperación de la consolidación de la paz, manteniendo los indicadores de prevención Además, es necesaria la coordinación institucional entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores relativo al alineamiento de los objetivos e intereses nacionales concernientes a las fuerzas armadas, la política exterior de Chile y la agenda internacional.

CONCLUSIONES

En conclusión, la resolución 1325 ha sido positiva para la inclusión de personal femenino a las fuerzas armadas chilenas. Esto se explica por el impacto en la toma de decisiones a partir de una serie de mecanismos e implementaciones de políticas públicas en el sector de la defensa nacional que han ido generando las condiciones para aumentar la participación femenina en las fuerzas armadas. Lo cual se ha realizada a través de decisiones institucionales con la fundación de escuelas de formación de personal femenino y la implementación de Planes de Acción Nacional tras la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Por lo tanto, Chile debe seguir reforzando la generación de políticas y la promoción de mujeres dentro del personal de fuerzas armadas a través de capacitaciones y oportunidades conforme al reforzamiento de sus capacidades en su desarrollo profesional. Teniendo en cuenta la experiencia comparada de los países señalados y conforme a las amenazas que afectan nuestro interés nacional como lo son el terrorismo y el crimen organizado transnacional como parte del Tercer Plan de Acción Nacional que se encuentra en proceso de elaboración. Esto con el propósito de estimular la incorporación de mujeres a la carrera militar y en cargos que incluyan procesos de tomas de decisiones.