AGENDAS CRIMINALES Y PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA: EL CASO DE LA “DONBERNABILIDAD” EN MEDELLÍN∞

ESTEBAN ARRATIA SANDOVAL*·

“No se le puede dar la mano a quien tiene el puño cerrado”.

Indhira Ghandi

RESUMEN

El impacto generalizado de la violencia criminal en América Latina la ha llevado a ser catalogada como la región más peligrosa del mundo por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta situación, sumado a la inefectividad de las políticas ejecutadas hasta ahora para mitigarlo ha generado un intenso debate acerca de cómo algunas herramientas clásicas de resolución de conflictos como la mediación podría explorarse a objeto de contener la violencia asociada a cárteles, milicias y pandillas. Sin embargo, ¿cuáles son los principales riesgos de mediar con grupos criminales? Este artículo de investigación tiene como objetivo responder a dicha interrogante empleando como caso de estudio la ciudad de Medellín. En 2003, la capital antioqueña experimentó una dramática caída en los homicidios gracias a la hegemonía de alias Don Berna sobre los actores armados operativos en la ciudad y posterior desmovilización de su grupo paramilitar Bloque Cacique Nutibara, periodo conocido localmente como Donbernabilidad. De esa manera, a partir del caso colombiano, este trabajo analiza, bajo un enfoque cualitativo, las principales limitaciones que enfrentan los gobiernos al mediar con actores criminales para reducir los niveles de letalidad, normalmente a cambio de beneficios judiciales.

Palabras clave: Agendas criminales; Procesos de paz; Desarme Desmovilización y Reintegración; Paramilitares; Conflicto armado; Colombia.

CRIMINAL AGENDAS AND PEACE PROCESSES IN COLOMBIA: THE CASE “DONBERNABILIDAD” IN MEDELLIN

ABSTRACT

The widespread impact of criminal violence in Latin America, has led it to be ranked as the most dangerous region in the planet by United Nations Office on Drugs and Crime. This situation, combined with the ineffectiveness of the policies implemented so far to mitigate it has generated an intense debate about how, some classic conflict resolution tools as mediation could be explored to contain the violence associated with drug cartels, militias and gangs. However, which are the principal risks to mediate with criminal groups?

This article aims to answer this question, using as a case study the city of Medellin. In 2003, the Antioquian capital experienced a dramatic drop in homicides product of aka Don Berna hegemony over all the armed actors operating in the city and subsequent demobilization of his paramilitary group Cacique Nutibara Block, period best known locally as Donbernability. In this way, based on the Colombian case, this work analyzes, under a qualitative approach, the main constraints faced by Governments to mediate with criminal actors to reduce the levels of lethality, usually in exchange for judicial benefits.

Key words: Criminal agendas; Peace processes; Disarmament Demobilization and Reintegration; Paramilitary; Armed conflict; Colombia.

Introducción

América Latina es, en la actualidad, la región más peligrosa del mundo medida por tasa de homicidios, esto es, la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes. Aun cuando la participación demográfica de América Hispana respecto al resto del mundo no alcanza el 10%, son 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo que están localizadas en el subcontinente referido. En vista de esta situación, el caso colombiano reviste especial atención dado que ha tenido que convivir con la violencia criminal expresada en narcoviolencia y amenazas paramilitares por más de cinco décadas. Se le ha catalogado como Estado fallido en más de una ocasión y actualmente enfrenta un proceso de paz de singular complejidad, dada la necesidad de balancear justicia y transición para legitimar la paz. En este contexto, el caso de Medellín resulta vital para comprender el proceso de paz colombiano.

En este sentido, el presente artículo se desarrolla con miras a responder la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los riesgos de no aplacar las escaladas de violencia criminal asociados a los procesos de mediación entre el Estado y los actores no estatales criminales? Una primera hipótesis consiste en que la mediación no conduce a una adecuada contención de la violencia criminal si no se cumplen las siguientes condiciones: 1) que la mediación se plantee bajo un esquema en el cual los actores se reconocen políticamente; 2) que la asimilación de los actores criminales por parte del Estado llegue a tal nivel en que la asimetría no haga razonable otra alternativa que la paz, y; 3) que la condición a legalizar sea la de desmovilizado.

Teniendo en vista lo anterior, este trabajo se plantea como un estudio de caso paradigmático, bajo un diseño metodológico cualitativo, no experimental y sincrónico diacrónico, esto es, una revisión de un periodo acotado de tiempo con un contexto histórico que dota de sentido a los datos. Respecto de este último punto, se plantea, además, una aproximación transeccional, el que incorpora una descripción sociológica profunda del fenómeno como condición precedente al análisis político de los resultados. Esto último se desarrolla en cinco secciones. La segunda estudia el contexto de la violencia criminal latinoamericana y sus características particulares. La tercera se focaliza en el estudio teórico de la mediación como alternativa para solucionar conflictos cuyo eje radica en la violencia criminal. La cuarta sección contiene el caso analizado propiamente tal, así como sus diversas aristas. Finalmente, el quinto apartado contiene las conclusiones de esta investigación. Uno de sus principales hallazgos es que los procesos de pacificación negociada con grupos delictivos suelen conducir a un resultado paradójico: lograr una fuerte caída en el número de homicidios al precio de fortalecer a los actores criminales.

1. ¿Zona de paz con violencia bélica?: La paradoja de América Latina

Resulta paradójico. Organized Violence in the World 2015, reporte elaborado por el Programa de Datos sobre Conflictos de la Universidad de Uppsala (UCDP, por sus siglas en inglés) sitúa al subcontinente como el segundo más pacífico a nivel mundial, solo por detrás de Europa1. Siendo concebido en su conjunto como una zona de paz producto de factores como el fortalecimiento de la democracia, la solución de conflictos mediante el diálogo y la creciente inserción de los espacios multilaterales para el tratamiento de las problemáticas de seguridad. En efecto, las posibilidades de un conflicto interestatal en estas latitudes son muy escasas y si bien persisten disputas de carácter territorial que de vez en cuando reavivan ciertas hipótesis de conflicto, los países de Latinoamérica han optado por recurrir a mecanismos de resolución pacífica de conflictos, tanto regionales como internacionales.

No obstante, dicha evaluación se basa únicamente en una óptica tradicional de los conflictos armados interestatales. Desde un ángulo más amplio la región puede ser definida como la zona cero de la violencia no convencional2 en razón de que en estas latitudes se observa situaciones cuya morfología no encaja perfectamente en la guerra o la paz, ni en la violencia criminal o violencia política. Por lo tanto, es posible sostener que el actual escenario latinoamericano constituye una excepcionalidad bajo un prisma convencional; sin embargo, la situación es menos alentadora cuando se aborda en términos no convencionales dada la hibridez y complejidad de la violencia que afecta al subcontinente.

En esta misma línea, esta área geográfica enfrenta una grave situación relacionada con altos niveles de letalidad, que la han llevado a ser catalogada como la más violenta del mundo pues el 33% de los asesinatos a escala global ocurren en esta región (aunque habita tan solo 9% de la humanidad), luego se encuentra África con 31% de homicidios, Asia en tercer lugar con 28% de los homicidios, seguida de lejos por Europa y Norteamérica, con solo 5% y 3% del total, respectivamente, y Oceanía, que representa menos del 0,3%3. Del mismo modo, el subcontinente alberga 43 de las 50 ciudades más peligrosas a nivel mundial, es decir, cerca del 88% de las capitales más mortíferas del orbe se encuentran en el Hemisferio Occidental4.

La comparación con medias de otras regiones del planeta pone de manifiesto la magnitud del problema en América Latina. Al entrar en detalle, es posible observar que, de acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en 2015 se registraron 16,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en el subcontinente, seguido de África, con 12,5. Cuando UNODC publicó su anterior estudio global sobre homicidios en 2013, la región tenía una tasa de homicidios promedio de 15,5 por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa en África era de 17,4 homicidios por cada 100.0005. Una situación preocupante toda vez que “los especialistas coinciden en que un escenario de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes al año es considerado normal, entre 5 y 8 homicidios es un nivel alarmante y más de 8 constituye una tasa epidémica”6.

De acuerdo a un reciente informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado Los costos del crimen y la violencia. Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe, esta situación anómala se explica en gran medida por el accionar del crimen organizado transnacional que, tanto por sus dimensiones como su complejidad genera un alto impacto sobre la seguridad pública mediante el incremento de los niveles de criminalidad y violencia letal7. En efecto, uno de los principales hallazgos del citado documento es el papel central que juegan las actividades relacionadas con el crimen organizado y las pandillas en los homicidios de Latinoamérica, los cuales representan el 30% de todos los homicidios de la región. Esto es impresionante si se compara con Asia, Europa y Oceanía, donde éstos equivalen al 1%8.

Sin embargo, mientras estos grupos criminales catalizan los asesinatos en Latinoamérica, el mencionado reporte del BID plantea que esto no necesariamente significa que la presencia del crimen organizado esté más concentrada que en otros sitios alrededor del mundo, sino más bien, que existe una predisposición a la violencia, en parte relacionada con las luchas entre grupos criminales o con autoridades locales. De esa manera, estos grupos en las Américas pueden experimentar mayores niveles de conflicto entre sí o con el Estado, que grupos del crimen organizado en otras regiones, que, si bien pueden ser activos, haber alcanzado un nivel de estabilidad o de control sobre su territorio y sus recursos que no generan el mismo grado de violencia.

Particularmente, Latinoamérica ha sido testigo durante la última década de cómo los patrones de fragmentación, diversificación y migración criminal se combinan para (re)producir una violencia extrema. No solo las organizaciones criminales participan en guerras contra sus competidores, sino que las mismas se ven envueltas en conflictos internos mientras que facciones rivales tratan de establecer el control sobre mercados ilícitos9. Vale decir, las características y dinámicas de la violencia letal en América Latina también están fuertemente asociadas a la existencia de múltiples economías criminales. Incluso, el tamaño de una economía ilícita puede incidir directamente en el nivel de confrontaciones y disputas entre competidores. Esta situación permite explicar las elevadas tasas de homicidio registradas en países como Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras y México10.

No obstante, resulta difícil imaginar que el nexo entre criminalidad organizada y violencia letal se produzca en el vacío. El escenario ideal son Estados débiles, cuyas instituciones son disfuncionales o están cooptadas por grupos criminales. Como Flórez y González señalan respecto a Latinoamérica: “la delincuencia organizada de mayor significación y de carácter transnacional, que realiza actividades económicas ilegales, requiere también de la presencia del Estado, uno esencialmente débil”11. En efecto, los autores establecen una relación inversamente proporcional entre la fortaleza del Estado y el crimen organizado. De acuerdo este argumento, a mayor solidez estatal, menores posibilidades de implantación criminal.

De hecho el Banco Mundial señala en World Development Report 2017: Governance and the Law que la debilidad institucional es un factor común que explica los ciclos de violencia. Vale decir, los Estados incapaces de hacer cumplir la ley tienen un mayor riesgo de enfrentar altos índices de violencia criminal12. De tal suerte que, sin capacidad disuasiva son pocas las probabilidades que los homicidios vinculados al crimen organizado se detengan13. No debe perderse de vista que en todos los países existen manifestaciones del crimen organizado, así como diversas economías ilícitas. El grado de su infiltración en las instituciones del Estado obviamente varía14.

Empero, la diferencia gravita en cómo responden las autoridades. En América Latina la respuesta del Estado ha tenido impacto negativo en la dinámica de la violencia criminal toda vez que su intervención en los mercados ilícitos y persecución contra las facciones armadas ha sido identificada como un factor perturbador, que puede generar condiciones favorables para su incremento15. Siguiendo este razonamiento, se ha afirmado que existe una fuerte relación entre las detenciones y abatimiento de capos con el aumento de la violencia16, entre las intervenciones militares y el incremento de la violencia17, así como entre el arresto de cabecillas y el alza en los índices de criminalidad18.

2. ¿Del tabú al pragmatismo?: La mediación como herramienta para contener la violencia criminal

En estrecha relación con lo planteado durante la sección anterior, cabe señalar que el impacto generalizado de la violencia criminal en diferentes países de América Latina, sumado a la inefectividad de las políticas ejecutadas hasta ahora para mitigarlo, ha generado un intenso debate entre los círculos académicos acerca de cómo las lecciones de las negociaciones de paz podrían aplicarse al contexto regional y cuán útiles podrían ser algunas herramientas clásicas de resolución de conflictos como la mediación19, a objeto de contener la violencia impuesta por cárteles, milicias o pandillas. Sin embargo, ante tal escenario, de inmediato surge la interrogante: ¿cuáles son los principales riesgos de mediar con grupos criminales?

Para James Cockayne, “la mediación con grupos criminales ha sido históricamente común, y puede ser un aspecto cada vez más común del arte de gobernar en una economía transnacionalizada”20. Dicho postulado se encuentra imbuido en una postura pragmática pues implica la convivencia del Estado con un cierto grado tolerado de actividad criminal, cuyo objetivo es reducir o cesar la violencia mediante un acuerdo entre las organizaciones criminales, por una parte, y la autoridad del Estado legitimada u otros actores habilitados para la mediación, por la otra, de forma análoga al papel que el Derecho Internacional Humanitario desempeña entre actores armados convencionales21. Asimismo, la mediación con grupos criminales puede presentarse de múltiples formas: algunas ocasiones pueden ser presentadas por integrantes del grupo criminal, otras están promovidas por actores estatales o de la sociedad civil, e incluso pueden resultar de arreglos con funcionarios corruptos22. En efecto, esta opción política representa una oportunidad para expresar demandas racionales y promover cierto grado de compromiso por parte de los involucrados, aun cuando las conversaciones no deriven necesariamente en la finalización del conflicto. Siguiendo esa línea, resulta útil precisar que en vez de atacar abiertamente o bloquear los procesos de mediación, los actores criminales actúan como spoilers23 tendiendo a subvertirlos, incrustando sus propias agendas dentro de los acuerdos alcanzados.

No obstante, al optar por esta línea de acción se deja en evidencia la mencionada debilidad estatal pues conduce a analizar el problema desde la lógica de los criminales, en vez de revisar y fortalecer las capacidades institucionales. Como sostiene Villalobos, las tesis que se oponen a confrontar al crimen organizado intentan encontrar caminos para pacificar a los criminales, en vez de fortalecer al Estado para controlarlos. Lo primero les parece más confortable que lo segundo toda vez que depende de los criminales, mientras que lo segundo requiere un gran esfuerzo propio24. En consecuencia, esta alternativa demuestra que los funcionarios gubernamentales a menudo utilizan la aplicación de la ley de modo estratégico a objeto de estimular, tolerar o simplemente administrar la violencia, en vez de reprimirla. Siendo posible observar que a un Gobierno no siempre le interesa detentar el monopolio de la violencia según los cánones weberianos25.

Un reporte de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresa que la mediación es aceptada y alentada en conflictos convencionales, pero a menudo encuentra límites frente a la violencia criminal que predomina en el subcontinente26. Esto último debido a que los actores criminales e insurrectos tienen agendas y estimulaciones de naturaleza diferente. No debe perderse de vista que los grupos criminales están motivados principalmente por ánimo de lucro, mientras que los rebeldes por lo general tienen un objetivo político-ideológico, como acceder al poder estatal o cambiar el orden establecido. Teniendo en cuenta esta distinción, resulta difícil aceptar la existencia de grupos criminales que buscan el poder político, excepto para corromperlo, comprarlo y realizar exitosamente sus negocios27.

Tal planteamiento se encuentra relacionado con el patrón observado por Samuel Huntington hace cuarenta años: “La criminalización de la violencia política es más frecuente que la politización de violencia criminal”28. Bajo esa lógica, Phillips asegura que existen dos clases de incentivos particularmente relevantes: los incentivos materiales e incentivos intencionales. Los materiales son básicamente financieros u otros beneficios tangibles, de los cuales depende el crimen organizado para desarrollar sus economías ilícitas. Mientras que los intencionales son recompensas intangibles que se derivan del sentido de la satisfacción de haber contribuido a la consecución de una buena causa o tratar de lograr un bien mayor, como es el caso de los rebeldes29.

Igualmente, este aspecto representa un desafío para las herramientas convencionales utilizadas en gestión de conflictos y la denominada dependencia de la trayectoria (path dependency), que identifica Teresa Whitfield, en la cual los actores políticos podrían ser socios para la construcción de paz, mientras que los actores criminales son un blanco de los cuerpos policiales30. De esta manera, frenar la violencia criminal se torna más complejo que abordar la violencia política por la naturaleza del compromiso. Generalmente, la mediación con actores políticos se encuentra vinculada a procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR)31. Sin embargo, cuando se trata de grupos criminales las expectativas suelen ser más limitadas por los siguientes motivos:

La mediación con grupos criminales exige un entendimiento de dos aspectos complementarios. El primero es la economía criminal que los sostiene, las razones para la participación y los desafíos para la integración de estos actores en la economía lícita. Esto es aún más importante teniendo en cuenta las tendencias actuales de la violencia criminal en la región: una rápida transformación y el cambio de liderazgo en combinación con la resistencia de la economía criminal32. Siendo posible afirmar que este tipo de pactos resultan ser insostenibles para organizaciones criminales en la medida que amenazan sus intereses fundamentales y equivaldrían a una invitación derecho a la quiebra. Por tal razón, no puede existir ninguna perspectiva realista de mediación eficaz sin una disposición de parte de las autoridades a ofrecer diferentes tipos de incentivos con el objetivo de que los actores criminales renuncien a desarrollar economías ilícitas, tales como medios de subsistencia alternativos33.

Así, el desafío radica en transformar el cálculo racional de los actores criminales a fin de evitar una recaída en la ilegalidad. Hugo Van den Eertwegh considera que este último aspecto es particularmente crítico pues existe riesgo de un juego de suma cero en la medida que a los actores criminales les resultará prácticamente imposible abandonar sus economías ilícitas de un día para el otro, y el Gobierno deberá tolerar que sigan cometiendo crímenes durante una fase de ajuste, período difícil de asimilar para la población. Esta situación conlleva el siguiente dilema: movilizar y sostener la transformación económica necesaria para abordar las agendas criminales sin perder apoyo social al proceso de mediación34. Por consiguiente, la configuración de una estrategia destinada a la reestructuración económica de los actores criminales, capaz de limitar su participación en mercados ilícitos, requiere negociar un conjunto más amplio de normas sobre la legitimidad social, legalidad de ciertas actividades, y el uso de la violencia.

En segundo lugar, y profundamente vinculado a lo anterior, se encuentran sus fuentes de legitimidad y las relaciones a menudo ambivalentes con las comunidades, que oscilan entre la conformidad y la resistencia, la cooptación y la coerción35. Las economías ilícitas no están relacionadas únicamente con el crimen organizado, sino a los medios de vida de grandes segmentos de la población que carecen de opciones alternativas36. En otras palabras, los procesos de mediación tienen que prestar atención a la economía política de la violencia.

De este modo, aplicar la mediación a situaciones no afectas a conflictos bélicos resulta arriesgado cuando existe un orden político híbrido, en el cual los actores armados no estatales37 también pueden desempeñar algunas funciones públicas a nivel local38. Ligado a este último punto, Fiorentini y Peltzman argumentan que cuando una organización criminal ha adquirido el monopolio de la coerción en su área, puede realizar actividades correspondientes al Estado, como la recaudación de impuestos o la provisión de bienes públicos39. Vale decir, los grupos criminales adquieren progresivamente legitimidad como autoridades paralelas en aquellas zonas en las que operan, suplantando así la función del Estado como poseedor del monopolio de la violencia.

Desde este ángulo, cabe recordar que el Estado se desarrolla a partir de la reivindicación del monopolio del uso legítimo de la violencia, o sea, en torno a la capacidad de ejercer autoridad al interior de sus fronteras para proteger a quienes habita en él. De ese modo, un elemento del contrato social que ancla su legitimidad es impedir el uso de la coerción por parte de terceros en su territorio. Si un Estado es débil o carece de la capacidad para ejercer control sobre una zona o área geográfica, probablemente será considerado ilegítimo por los ciudadanos y diferentes actores no estatales puedan llenar ese vacío de poder, como resultado las instituciones estatales terminan compartiendo el control con estas instituciones informales40. Por tal motivo, el rol estratégico de actores criminales afecta su propósito fundamental y tiene implicaciones políticas en la medida que actúan como constructores competitivos de Estado, mermando su funcionalidad y legitimidad. Ergo, mientras más orden y seguridad brinden a las comunidades, mayor es la posibilidad de convertirse en protoestados de facto con un alto grado de capital político41, reduciendo así su capacidad de respuesta42.

Por otro lado, la ausencia de una agenda político-ideológica en las organizaciones criminales representa un reto distinto: no salta a la vista la posibilidad de un proceso de mediación con un estatus concluyente, en el cual ellas dejan la violencia a cambio de la oportunidad de materializar sus objetivos a través de medios pacíficos y democráticos43. Esto constituye un problema insuperable en contextos en los que la obtención de rentas es el motor que impulsa las acciones de un actor armado no estatal, como es el caso de los grupos criminales. Por lo tanto, la posibilidad de que líderes e integrantes de grupos criminales estén dispuestos a renunciar al uso de su principal herramienta para establecer su dominio, resolver disputas y administrar sus actividades ilícitas, es muy baja44. Mientras existan mercados ilegales lucrativos, la utilización de violencia será necesaria.

Actores que no tienen ningún tipo de ideario político o causa noble desde el punto de vista social siempre verán en la mediación la posibilidad de obtener un trato preferencial y eternizar la confrontación. En efecto, como señala UNODC, de alcanzar un acuerdo negociado con ellos, el Gobierno tendrá que resolver cuestiones difíciles sobre la aplicación de amnistías por los crímenes cometidos, pactando penas de prisión menores de las que corresponderían o aprobando cambios en el marco legal como la anulación de extradiciones45. Desde esa óptica, Alejandro Hope sostiene que los procesos de pacificación negociada con grupos criminales son moralmente complejos, en contraste con la ruta relativamente familiar de las negociaciones políticas, debido a que implica ceder en un principio básico como la no negociabilidad de la ley, transgrediéndose la ética de la convicción en sentido weberiano46. Así, mediar con actores criminales presenta el inconveniente de otorgarles legitimidad beligerante y política injustificada en la medida que potencialmente estos serán considerados como interlocutores válidos frente al Gobierno, convirtiéndolos en poderes fácticos, condición que autoriza a funcionarios y agentes del sector seguridad y justicia a colaborar con delincuentes por temor o por dinero47. En otras palabras, esta situación supone aquello que Benjamin Lessing denomina reconocimiento diplomático del enemigo48.

Sin duda, la polarización social en torno a la delincuencia organizada e instrumentalización de este asunto como una herramienta electoral tiene profundas consecuencias sobre la posibilidad de optar por la mediación con grupos criminales para disminuir la violencia que impacta a los ciudadanos. Usualmente, los Gobiernos temen una reacción adversa de la opinión pública y una cobertura mediática negativa sobre la iniciativa, así como un alto costo político a pagar49. Como resultado, su apoyo a las conversaciones suele ser discontinuo o volátil, y sus declaraciones públicas más bien contradictorias pues en un comienzo desmienten rotundamente su participación, construyendo una negación plausible, pero a medida que avanzan reconocen abiertamente su injerencia. De tal suerte que, en contextos donde organizaciones criminales controlan importantes porciones de territorio hasta el punto de desafiar su poder, los Gobiernos finalmente aceptan mediar con ellas como una alternativa a gravosas estrategias represivas, pudiendo obtener réditos electorales derivados del mejoramiento en las condiciones de seguridad pública producto del acuerdo pactado, como un dividendo de la paz50.

No obstante, establecer una caída en los niveles de violencia como situación final deseada de un proceso de mediación en contextos no-bélicos constituye un riesgo mayor en tanto los actores criminales percibirán que volviéndose suficientemente violentos podrán sentarse a negociar con el Gobierno con miras a recibir nuevas concesiones. Las batallas campales comúnmente se desencadenan antes de los acuerdos, lo que mejora su posición ante la negociación, situación que transgrede la ética de la responsabilidad en sentido weberiano dado que la paz precaria conseguida hoy por las autoridades puede provocar un recrudecimiento de la violencia mañana. En otras palabras, las ganancias a corto plazo serán anuladas por el aumento de la violencia a mediano plazo. Por ende, existen maneras de alterar la violencia perpetrada por grupos criminales, y eso es precisamente lo que el acuerdo pretende lograr: “las pandillas, las milicias y los carteles tienen la capacidad no solo de librar una guerra, sino también de frenarla”51.

La maniobra descrita anteriormente puede estimular a que los actores criminales oculten la violencia. Desde esa óptica, José Miguel Cruz y Angélica Durán Martínez argumentan que las negociaciones con organizaciones criminales centradas únicamente en la reducción de homicidios crean incentivos para que ellas manipulen estratégicamente la visibilidad de la violencia52 y, de esa manera, obtener mayores y mejores concesiones por parte de las autoridades. El ocultamiento de la violencia aparece entonces como una estrategia viable toda vez que su nivel de visibilidad es más fácil de monitorear, en tanto indicador de cumplimiento del acuerdo, para las autoridades. Así, las organizaciones criminales pueden ser menos propensas a mostrar la violencia cuando reciben prerrogativas por parte del Estado o cuando temen su reacción a los ataques de alto impacto53. En tales circunstancias, los actores criminales pueden decidir no llamar la atención cometiendo asesinatos de una manera que no sea registrada o detectada por el Gobierno ya sea enterrando o destruyendo los cadáveres, por ejemplo, lo cual no necesariamente significa una real disminución de la violencia homicida, más bien supone una reducción artificial. Por ende, el Gobierno termina dependiendo de los actores criminales para vigilar los parámetros de su pacto al tratar de promover las condiciones para una mayor durabilidad.

Según los autores, la viabilidad de este tipo de pactos depende básicamente de dos condiciones fundamentales: (1) que el Estado juegue un rol como administrador y (2) que los grupos criminales participantes posean cohesión y liderazgo organizativo que facilite el control territorial y la fiabilidad estratégica para su cumplimiento. En relación al primer requisito mencionado, cabe señalar que un pacto que involucra el Estado parcialmente, es probable que fracase debido a las acciones policiales y la falta de atención a las condiciones estructurales que conducen a la violencia puede motivar fácilmente que miembros del grupo criminal vuelvan a adoptar un comportamiento violento. Por ejemplo, si un acuerdo es implementado por una agencia gubernamental, pero sin el respaldo de un alto personero público o cuerpos policiales, es poco probable que genere incentivos para que los delincuentes reduzcan la violencia. Ahora bien, respecto a la segunda condicionante, resulta útil advertir que el grado de cohesión interna es crucial no solo para disciplinar el comportamiento individual y colectivo de los actores criminales durante el proceso de mediación, sino también para sortear la dificultad inherente de identificar interlocutores representativos y autorizados al interior de las organizaciones criminales, y así tener la capacidad de determinar su posición frente al Estado54. Planteando una singular paradoja: todo proceso de mediación con criminales requiere la existencia de grupos con un fuerte liderazgo y estructuras altamente cohesionadas.

A raíz de lo expuesto con anterioridad, es posible sostener que este particular camino a recorrer se encuentra directamente vinculado con la discusión planteada por Felbab-Brown sobre cómo crear Buenos Criminales (Good Criminals): altamente organizados, no visiblemente violentos, con limitada capacidad de corrupción y sin una oferta de servicios para la sociedad55. En otras palabras, no pretende modificar la escala del mercado ilícito, sino modelar su comportamiento: bajo perfil, sin una posición de abierta confrontación y con niveles moderados de letalidad. Bajo esa perspectiva, esta aproximación demuestra que los Gobiernos a veces utilizan la aplicación de la ley de modo estratégico a objeto de tolerar o simplemente administrar la violencia asociada al crimen organizado, en vez de combatirla. Por consiguiente, dado que el proceso de mediación busca exclusivamente disminuir la violencia criminal, es susceptible a constituir solo una estrategia de contención de daños.

3. La Donbernabilidad en Medellín como caso de estudio

3.1. Aproximación metodológica

Medellín ejemplifica la tendencia analizada durante la sección anterior. En 2003, la segunda ciudad más importante de Colombia fue testigo de una dramática caída en los homicidios tras la consolidación hegemónica de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, sobre los actores criminales operativos en la capital de Antioquia. Baja que se acentuó aún más luego de la desmovilización del grupo paramilitar56 Bloque Cacique Nutibara (BCN), liderado por Murillo Bejarano y estrechamente ligado al narcotráfico. De manera tal que el predominio de Don Berna en la ciudad permitió que la tasa de homicidios pasara de 184 por cada 100.000 habitantes en 2002 a 98.2 en 2003. Y luego de la desmovilización de su bloque paramilitar, la tasa de homicidios llegó a estabilizarse alrededor de 30 muertes por cada 100.000 personas durante tres años consecutivos57, este periodo fue conocido localmente como Donbernabilidad, un juego de palabras que alude a gobernabilidad.

Atendiendo a lo expuesto con anterioridad, es necesario establecer que la metodología a emplear en el presente artículo es el estudio de caso. En esta línea, resulta oportuno señalar que la capital antioqueña ha sido seleccionada como caso de estudio dada su relevancia en niveles de mortandad, variedad de actores involucrados y alcance del proceso. Adicionalmente, es concebida como un caso paradigmático en tanto da cuenta de cómo grupos criminales son capaces de llegar a regular el uso de la violencia. Siendo posible plantear que dependiendo de su capacidad de controlar redes criminales, pueden incluso establecer un equilibrio semi-estable que se traduce en una fuerte caída en la tasa de homicidios. Así, los próximos apartados de este artículo explorarán la desmovilización del mencionado grupo paramilitar y cómo sus nexos criminales afectaron la dinámica de la violencia letal en la ciudad de Medellín, durante y después de aquel proceso.

Finalmente, es conveniente destacar que la investigación es de tipo cualitativo y no experimental que, por su dimensión temporal, es clasificada como transeccional, pues pretende evaluar cuál es el nivel o estado de diversas variables en un momento determinado. De igual manera, desde la perspectiva metodológica, se trata de un estudio de caso sincrónico-diacrónico, por cuanto examina un lapso acotado (2003-2008) y en profundidad, de forma tal que el concurso de actores estatales y no estatales solo son analizados en cuanto a su relevancia dentro del caso colombiano en el periodo antes señalado58. Resta mencionar que este trabajo cuenta con un muestreo no probabilístico intencionado centrado en acontecimientos contemporáneos, sobre los cuales no se tiene control y con un enfoque holístico toda vez que explora la unidad de observación (Medellín) en su totalidad.

3.2. La caída de Pablo Escobar y la transformación de la violencia en Medellín

Durante las últimas tres décadas, Medellín ha experimentado sucesivas pero diferentes olas de violencia cuya intensidad ha alcanzado niveles superiores a la media. Siendo generadas por una multiplicidad de actores estrechamente vinculados pero en constante rivalidad. En consecuencia, la capital antioqueña se ha visto afectada por una continua transformación de la violencia. La mayor parte de este proceso ha afectado a las comunas (barrios pobres) donde vive aproximadamente la mitad de la población de la ciudad59. Las montañas que rodean la ciudad comenzaron a ser asentadas en los 60 y 70, a medida que los habitantes de zonas rurales comenzaron a llegar a Medellín. De esa manera, las comunas crecieron velozmente hasta convertirse en densos barrios sin planificación, el gobierno local percibió a estas nuevas comunidades como ilegítimas, negándose a proveerles bienes y servicios, generándose aquello que Jorge Giraldo denomina el retiro del Estado60.

Tal abandono provocó intensas disputas entre actores armados no estatales de diverso signo y alcance (cárteles, bandas, combos61, milicias, paramilitares y guerrillas) por construir ordenes alternativos en las comunas, los cuales ofrecían a la población algunos niveles de seguridad y justicia inmediata, a costa de la imposición de un férreo control territorial, social y económico62 sustentado en el uso y concentración creciente del recurso a la fuerza63. Por ende, el primer actor en establecer su dominio fue el Cartel de Medellín entre los 80 y principios de los 90, convirtiendo a la ciudad en su teatro de operaciones. Esta fase se caracterizó por la extrema violencia asociada al narcoterrorismo64. Así, mientras se libraba una feroz batalla entre aquella organización narcotraficante y el Estado colombiano, la capital antioqueña experimentó un inusitado aumento en los niveles de mortandad, alcanzando su peak entre 1991 y 1992, con la pasmosa cifra de 444 homicidios por cada 100.000 habitantes, situación que la llevó a ganarse el honroso título de la ciudad más peligrosa del mundo65.

En 1993, Pablo Escobar fue abatido y el Cartel de Medellín desmantelado por completo. Como era de esperar, este nuevo escenario generó un quiebre del monopolio del uso de la violencia en relación al actor hegemónico, abriendo paso a un oligopolio de la coerción66, de manera tal que las milicias vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron las primeras en capitalizar el vacío dejado por el Cartel de Medellín. Por otra parte, las bandas y combos que cayeron bajo su influencia no adoptaron la política de izquierda de las milicias, pero sus nexos con éstas facilitaron el acceso de los mencionados grupos insurgentes a la ciudad, centro neurálgico para el transporte entre la costa y el interior de Colombia67.

A mediados de la década, las milicias pelearon por el control de las comunas contra la mafia de la droga post-Escobar de Medellín, particularmente una banda de sicarios llamada La Terraza y liderada por un antiguo miembro del Cartel de Medellín llamado Diego Fernando Murillo Bejarano, más conocido en el bajo mundo como Don Berna68. Hacia fines de los 90, La Terraza dio paso a las Autodefensas Unidas de Colombia69 (en adelante, AUC) un conglomerado de grupos paramilitares afines al gobierno creado con el objetivo de combatir a la guerrilla caracterizado por su accionar extremadamente violento y brutal, que más tarde sería encabezado por Murillo70.

3.3. Operación Orión y ascenso de los paramilitares en Medellín

Durante su campaña presidencial Álvaro Uribe (2002-2010) prometió recuperar todos los territorios vedados en el país mediante la adopción de una nueva política de seguridad, denominada Seguridad Democrática, la cual encontró pronto un desafío concreto en la Comuna 13 situada al oriente de la capital antioqueña. Si Medellín se había convertido en la ciudad más peligrosa del mundo, entonces la Comuna 13 era su epicentro, donde milicias y paramilitares se disputaban el control del sector desde finales de los 9071. Fue así como en octubre de 2002, poco después de tomar protesta, Uribe ordenó a las fuerzas de seguridad que llevaran adelante una intervención en esa zona crítica, de la que el gobierno local se había ausentado durante décadas.

La ofensiva bautizada como Operación Orión representó un inédito esfuerzo conjunto entre Ejército, Policía Nacional, Fuerza Aérea, Departamento Administrativo de Seguridad y Fiscalía, que se prolongó por tres días72. Su objetivo principal era la recuperación territorial, combatir a las milicias e instaurar el imperio de la ley, sin embargo no se hizo frente a los paramilitares en estos barrios. De hecho, según un cable clasificado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) revelado por Los Angeles Times en 2007, éstos “proporcionaron en voz baja inteligencia y asistencia táctica a ciertas unidades policiales y militares”73 durante la intervención. Aun cuando los intereses de las AUC sin duda coincidían con los de las fuerzas de seguridad, sus motivos iban en otra dirección pues buscaban librar aquella zona de las milicias para imponer su propio orden sin mayor resistencia.

Tras el operativo, las milicias dejaron de ser una fuente de violencia en Medellín y al mismo tiempo tanto el gobierno local como el nacional consiguieron recuperar su presencia en los barrios populares de la ciudad. Sin embargo, era casi imposible para las autoridades públicas tener el control completo de las comunas después de tantos años de negligencia. Por esta razón, el gobierno local optó por cedérselo tácitamente a los paramilitares dando como resultado el surgimiento de un Paraestado74. En efecto, se estima que aproximadamente un 70% de la ciudad quedó bajo el poder de las AUC en diciembre de 200275.

No obstante, el orden impuesto por los paras se quebró, generándose una nueva ola de violencia en Medellín. A mediados de ese año, las AUC fue catalogada como organización narcotraficante por el gobierno de Estados Unidos, complicando su diferenciación entre éstas y organizaciones criminales76. La oposición al interior de los bloques que integraban las AUC en torno al creciente involucramiento del movimiento contrainsurgente en el tráfico de drogas77 mediante la venta de franquicias a cárteles como fuente de financiamiento, provocó un duro enfrentamiento armado entre dos facciones paramilitares: el Bloque Metro, dirigido por Doblecero, quien se oponía a esa tendencia, y el Bloque Cacique Nutibara (en adelante, BCN) liderado por Don Berna, partidario de esa estrategia. Tras derrotar al Bloque Metro, el control de prácticamente toda la capital antioqueña y el liderazgo de las AUC fueron asumidos por BCN, que tenía fuertes nexos con los grupos criminales operativos en la ciudad78.

En ese sentido, resulta conveniente aclarar que BCN, “en lugar de una federación armada ilegal, con una cadena de mando construida sobre una historia, intereses y objetivos comunes plenamente compartidos por todos sus miembros”79, en verdad se trataba de una red compuesta por varios actores criminales, cada uno con diferentes objetivos y estructuras de liderazgo que, en última instancia, era encabezada por Don Berna, debido a su abundante uso de la violencia80. No obstante, la red tenía un propósito compartido por todos los nodos que la conformaban: la extracción de rentas ilícitas por medio del control social.

De tal suerte que, si bien el BCN tenía por misión impedir la aparición de fuerzas insurgentes, también pretendía crear un monopolio cerrado de oportunidades en torno al manejo de la economía ilegal en la ciudad. En otras palabras, la esencia organizativa del BCN consistía en lograr la convergencia de dos actores del conflicto armado colombiano: el narcotráfico y los paramilitares. Bajo esa lógica, el carácter contrainsurgente lo aportaba las AUC, mientras que la identidad estructural era proporcionada por los narcos81. Por lo tanto, la consolidación del BCN como proyecto paramilitar solo fue posible gracias al apoyo financiero, logístico y militar suministrado por las redes criminales.

Al interior de esta trama jugaba un rol clave la Oficina de Envigado, un esquema dirigido por Don Berna, heredado tras la desaparición del Cartel de Medellín, a través del cual se regulaban los mercados ilícitos en la capital antioqueña. De este modo, cuando BCN se convirtió en la organización paramilitar hegemónica en la ciudad, La Oficina implementó su control adquirido a través de la cooptación o eliminación de todos aquellos grupos criminales que se resistieran a acatar sus órdenes. A fin de evitar estallidos de violencia que perjudicaran los negocios y atrajeran la atención de las fuerzas de seguridad, Don Berna resolvía todas las disputas del crimen organizado en Medellín a través de aquel ente regulador. Quienes ignoraran sus resoluciones eran secuestrados o asesinados. En palabras de Doblecero, líder del aniquilado Bloque Metro, La Oficina era una especie de “Fiscalía de los narcotraficantes”82.

A inicios de 2003, Don Berna había establecido su propio feudo criminal en las comunas de Medellín mediante esa estructura capaz de controlar las economías ilícitas y disciplinar a sus operadores83. Hasta entonces, ningún actor armado no estatal había logrado instaurar su dominio con tanto éxito en Medellín como lo hizo BCN, en razón de que era muy difícil cooptar a todos los grupos activos. Como un ex soldado paramilitar narró a Verdad Abierta, luego de vencer al Bloque Metro, Murillo Bejarano “se reunió con el líder visible de cada banda o combo [...] les explicó que si no se sometían a su autoridad, serían destruidos [...] así reclutó, armó, y entrenó a muchos de sus integrantes”84. En palabras del propio Don Berna: “en algún momento tuvimos el control total sobre Medellín [...] negociamos con esos grupos [bandas y combos] y los convertimos en parte de nuestra organización”85.

3.4. Consolidación hegemónica de Don Berna y desmovilización de las AUC

Tras la consolidación de la hegemonía de Don Berna sobre las redes criminales en Medellín, se produce un hito que le imprime un nuevo giro al panorama antes dibujado: el inicio de un proceso de paz con las AUC con miras a su desmovilización por parte del gobierno de Álvaro Uribe. Dado que las autoridades no podían acabar con los paramilitares, una solución negociada parecía ser el único camino a seguir a objeto de erosionar gradual y progresivamente su poder.

Las AUC percibieron que dicho proceso ofrecía la oportunidad de ser reconocidos como un actor del conflicto armado, mejorando así su nivel de influencia social y política. Siendo varios los factores que influyeron en su decisión de participar en las negociaciones, a saber:

• El aumento de las tensiones dentro de su liderazgo contribuyó a ver que una organización paramilitar a nivel nacional no tendría un futuro a largo plazo. En efecto, la competencia entre los bloques paramilitares regionales socavó aún más la posición de las AUC como una organización nacional.

• Una de las cuestiones que dividían a la cúpula era el tráfico de drogas. Mientras que algunos de los líderes querían distanciarse de esta economía ilícita, otros sostenían que era la única manera para financiar la causa. Incluso, esperaban evitar su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, al participar en un proceso de paz.

• Otra preocupación importante era la percepción de la opinión pública hacia los paramilitares. Inicialmente sus operaciones fueron vistas como acciones exitosas contra la guerrilla, sobre todo en el norte de Colombia. Pero cuando los excesos cometidos por grupos paramilitares se hicieron ampliamente conocidos, el apoyo popular disminuyó86.

Así, poco después de que Álvaro Uribe asumió la presidencia en agosto de 2002, una nueva ley lo facultó para iniciar negociaciones de paz con grupos armados, independientemente de su condición política. En paralelo, el gobierno tuvo acercamientos con la Iglesia Católica y la Comisión Facilitadora para la Paz de Antioquia, con el objetivo de que apoyaran la desmovilización. Acto seguido, se creó una comisión exploratoria compuesta por seis miembros que, junto con el Alto Comisionado para la Paz y representantes de la Iglesia Católica, empezaron a negociar con las AUC. Finalmente, en julio de 2003, firmaron el acuerdo de Santa Fe de Ralito, mediante el cual se estableció una serie de compromisos para que los paramilitares frenaran la violencia, se desarmaran, desmovilizaran, y abandonaran las actividades ilícitas a cambio de prebendas judiciales87.

El borroso límite entre las dimensiones políticas y criminales de las AUC fue un factor gravitante para la viabilidad política de la mediación. Para legitimar el proceso de paz, el gobierno nacional enfatizó la naturaleza política de los paras. No obstante, debido a su alto nivel de participación en economías ilícitas, la negociación con ellos fue tan controversial como un pacto con una organización criminal. En efecto, desde el principio los defensores hacían hincapié en su contribución a la reducción de los niveles de violencia, mientras que los críticos alegaban que el proceso había permitido a autores de violaciones a los derechos humanos caminar libremente, e incluso se les recompensa con beneficios88.

De tal suerte que las conversaciones se situaron entre un proceso de DDR y un acuerdo con grupos criminales en la medida que los paramilitares no solo eran un jugador clave en el conflicto armado, sino que también participan en actividades delictivas, o sea, la mediación tenía más características de un sometimiento a la justicia por organizaciones narcotraficantes que de una desmovilización de combatientes contrainsurgentes. Bajo esta perspectiva, González-Bustelo plantea que la existencia de un conflicto armado permitió que el gobierno colombiano se acercara a las AUC como un actor político, soslayando dos aspectos críticos que quedaron en evidencia durante el proceso de paz: 1) el apoyo brindado (por acción u omisión) de sectores políticos y económicos, así como parte de las Fuerzas Armadas; y 2) su naturaleza híbrida y agenda criminal89.

Como resultado, la mediación derivó en una entrega colectiva que no abordó sus actividades delictivas, ni tampoco desmanteló sus estrechos vínculos con actores legales y criminales. Y aunque fueron obligados a reparar a sus víctimas con sus bienes obtenidos ilícitamente, a la mayoría de ellos se les permitió conservarlos. Igualmente, cabe resaltar que la desmovilización tuvo un propósito táctico por cuanto permitió una legalización de los paramilitares, manteniendo una doble condición de combatientes desmovilizados, por un lado, y jefes de grupos criminales en plena actividad, por el otro90.

Un proceso de paz sostenible exigía que los nodos estratégicos de sus redes económicas, sociales y políticas fueran desmantelados por completo para evitar una eventual reconfiguración y reproducción pues, mientras éstas permanecieran intactas, los grupos paramilitares continuarían e incluso expandirían sus actividades criminales91. En esa dirección, vale recordar que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA)92 encargada de verificar el proceso de desmovilización expresó su preocupación por el hecho de que algunos bloques paramilitares se estaban reorganizando, transformándose en Bacrim93 (acrónimo de bandas criminales)94. Por consiguiente, es posible afirmar que para las AUC primaron como fines del proceso de paz: legalizar los bienes mal habidos y continuar desarrollando soterradamente sus economías ilícitas.

El 25 de noviembre de 2003, el bloque liderado por Don Berna fue la primera unidad de las AUC que se desmovilizó como parte de sus negociaciones con el gobierno nacional, con la entrega de más de 497 armas de 868 combatientes95. ¿Por qué fue el primero en someterse al proceso? Ciertamente porque Medellín era el escenario que cumplía las condiciones de seguridad necesarias para la desmovilización exitosa de una estructura paramilitar. De hecho, en este punto el gobierno local jugó un rol muy importante pues, el Programa de Paz y Reconciliación implementado por la administración Fajardo (2003-2008) para atender a la población desmovilizada del BCN, sin duda le dio sostenibilidad a la decisión de sus miembros de dejar las armas96.

Sin embargo, dentro de las AUC, la desmovilización del BCN se consideró una farsa. Varios ex jefes paramilitares declararon que durante el proceso de paz pactado con Uribe se había inflado el número de desmovilizados. Por ejemplo, Freddy Rendón, alias El Alemán señaló que la desmovilización de aquel grupo paramilitar había sido un montaje para limpiar los antecedentes penales de algunos de los miembros más destacados del hampa en Medellín, que se habían unido al grupo a comienzos de 2000 mediante la adquisición de franquicias paramilitares. Del mismo modo, aseguró que integrantes de combos y bandas bajo el control de la Oficina de Envigado fueron formalmente “desmovilizados” en ceremonias simbólicas y públicas97. Tanto es así que, de acuerdo con cálculos realizados por Human Rights, hasta el 85% de los desmovilizados del Cacique Nutibara no eran en realidad combatientes, sino que pertenecían a combos locales98.

De esta forma, las deficiencias del proceso de paz con los paras fueron especialmente evidentes en Medellín. Un enfoque parcial de desmonte frente al principal bloque paramilitar operativo en la ciudad hizo que el proceso de paz fuera aún más vulnerable. Como se mencionó previamente, el BCN estaba compuesto por una extensa red de grupos criminales bajo el liderazgo de Murillo Bejarano, la cual nunca fue desarticulada durante la mediación. En consecuencia, los estrechos vínculos entre la Oficina de Envigado y el BCN continuaron existiendo tras la negociación, y esta organización paramilitar terminó jugando un doble papel de “desmovilizado” y actor hegemónico de las estructuras ilegales en la ciudad. A partir de entonces, en la capital antioqueña se consolidó un esquema de Paraestado, en el cual Don Berna y las organizaciones criminales bajo su control fueron capaces de actuar como interlocutores e intermediarios entre la población y las autoridades locales99.

3.5. Donbernabilidad y el milagro de Medellín

Como Murillo Bejarano declaró más tarde ante el Tribunal de Justicia y Paz, la desmovilización del Cacique Nutibara había sido diseñada para ofrecer beneficios judiciales a los jefes de la Oficina de Envigado, a cambio de reducir los niveles de violencia homicida en Medellín100. En ese sentido, un análisis realizado por Gil Ramírez sobre los patrones de violencia en Medellín sugiere que el BCN, después del proceso de desmovilización, conservó su capacidad regulatoria. A través de la Oficina de Envigado, el líder de las AUC impuso la paz en el bajo mundo y dirimió disputas, evitando así que estallara una guerra abierta entre facciones criminales101. Es decir, la Oficina de Envigado fue tan eficiente que Don Berna pudo incluso controlar los índices de homicidios en Medellín. Por ende, la ausencia de contendientes que desafiaran la hegemonía de Murillo sobre el hampa dio comienzo a una pax mafiosa102 que permitió garantizar bajos niveles de homicidios en la capital antioqueña.

Desde ese ángulo, cabe subrayar que la fortaleza de Murillo Bejarano consistía en su papel como el gran regulador: él redistribuía el poder en forma estratégica, resolvía disputas y administraba los muchos nodos de su organización103. Vale decir, su liderazgo activó dicha reducción ya que proporcionaba la cohesión necesaria para regular el comportamiento de la violencia en la ciudad, pero no se habría logrado sin los incentivos judiciales previstos en el proceso de pacificación negociada. De acuerdo con un reporte elaborado por InSight Crime: “Nada pasaba en Medellín sin la venia de Don Berna o de la Oficina de Envigado […] si pasaba sin su consentimiento o aprobación, pagaban un alto precio por ello. Todo el mundo tenía básicamente miedo de hacer lo que fuera; a menos que estuviera autorizado por Murillo, no pasaba”104. Tanto es así que tras ser arrestado en 2005, Don Berna fue capaz de seguir gestionando el mantenimiento de las tasas de homicidios desde prisión.

De ese modo, como puede observarse en el siguiente gráfico, la consolidación del predominio de Don Berna en la ciudad permitió que la tasa de homicidios pasara de 184 por cada 100.000 habitantes en 2002 a 98.2 en 2003. Y con posterioridad al proceso de desmovilización de su bloque paramilitar, los niveles de violencia se redujeron en 81%105, alcanzando un mínimo histórico de 34 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2007, este periodo fue conocido localmente como Donbernabilidad, un juego de palabras que alude al término gobernabilidad.

Gráfico 1106

El impacto por la drástica caída en los niveles de violencia fue tal que la prensa internacional y los analistas hablaban del “renacimiento” de la ciudad, refiriéndose al fenómeno como el milagro de Medellín. Tanto es así que la otrora secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, señaló en una columna del Wall Street Journal: “Medellín, que fue la ciudad con el más alto índice de homicidios del mundo, la ciudad de Pablo Escobar, es hoy un lugar donde los vecindarios son más seguros, los negocios prosperan y la esperanza es palpable en toda la ciudad”107. Sin embargo, para sostener este milagro, Murillo Bejarano y su estructura modificaron su comportamiento, manipularon estratégicamente la visibilidad de los homicidios, utilizando violencia no letal (como extorsión, amenazas y desplazamiento) para castigar la violación de las reglas impuestas por él. O sea, si el empleo de la violencia era necesario, se ocultaba cuidadosamente, por ejemplo lanzando cuerpos a los ríos, o enterrándolos en fosas comunes. Según un líder social: “los balazos habían terminado, pero continuaron asesinando con machetes y cuchillos [...] Al parecer todo estaba en calma, pero era una mentira”108.

Obtener métricas sobre el ocultamiento de la violencia es muy complejo aunque según “testimonios y confesiones de paramilitares, se estima que al menos 300 cadáveres de personas desaparecidas fueron hallados en fosas clandestinas entre 2003 y 2006”109. Igualmente, el número de homicidios con objetos contundentes y cuchillos se incrementó de 4% en 2002 a 14% en 2006 posiblemente con el objetivo de desviar la atención de las autoridades, debido a que homicidios de esa naturaleza suelen asociarse a expresiones de violencia no organizada110. En consecuencia, los históricos niveles de mortandad registrados durante el lapso señalado no necesariamente implicó una real disminución de la violencia homicida, más bien supuso una reducción artificial.

Por otro lado, resulta útil destacar que la mejora en las condiciones de seguridad alcanzada producto de la Donbernabilidad abrió una ventana de oportunidad para que el gobierno local (inicialmente al mando del alcalde recién electo Sergio Fajardo, y posteriormente de Alonso Salazar) implementara políticas públicas destinadas a enfrentar la inequidad socioeconómica y debilidad institucional, considerados dos factores explicativos de los altos niveles de violencia en Medellín según el diagnóstico realizado por Fajardo111. Conviene precisar que la administración municipal se hizo eco de la necesidad de proyectar a Medellín como una “ciudad vibrante, irguiéndose como un centro de negocios y destino turístico”112. Imperando la preocupación por crear un clima favorable para la inversión extranjera, lo cual era “fundamental si no querían quedarse atrás en el motor de la globalización”113. Desde ese ángulo, es particularmente relevante el énfasis dado por la Alcaldía a la construcción de institucionalidad local con el propósito de recuperar el control territorial114 y revertir la exclusión histórica de las comunas en Medellín, marcando con ello un punto de inflexión respecto al proceso de retiro del Estado que había experimento la capital antioqueña durante la década anterior y que entró en crisis a principios de 2000.

De esta manera, es posible sostener que las autoridades locales rescataron los postulados de Vanda Felbab-Brown, diseñando su respuesta como Competition State-making115 (Construcción competitiva de Estado) entre gobierno y actores criminales por la lealtad de la población residente en esas comunidades. Centrando sus esfuerzos en extender la presencia institucional junto a la provisión de bienes y servicios públicos en barrios de menor nivel socioeconómico, articulando operativos de las fuerzas de seguridad con Proyectos Urbanos Integrales bajo el paradigma del Urbanismo Social (una combinación entre arquitectura y desarrollo social). En este sentido, resulta importante subrayar que todo lo anterior se hizo posible gracias a que la Alcaldía de Medellín mejoró su coordinación con la Casa Nariño y aumentó considerablemente el presupuesto de la ciudad116. De hecho, el gasto público se duplicó, pasándose de una inversión que en los 90 era inferior al 2% a una cercana al 4% del presupuesto total en 2004117. Por lo tanto, la interrupción temporal de ciclos acumulativos de violencia puede, eventualmente, constituir una estrategia de alivio sensata que permita a las autoridades desarrollar políticas integrales de seguridad y reconstruir las redes sociales, económicas y políticas a nivel local.

3.6. Extradición de Don Berna y ruptura de su hegemonía criminal en Medellín

Las esperanzas que despertó el mejoramiento de las condiciones de seguridad en la ciudad alcanzado durante el milagro de Medellín se resquebrajaron en mayo de 2008, apenas unos meses después del fin de la gestión Fajardo, quedando la sensación de que se trató de un milagro a medias como lo bautizaron Fukuyama y Colby118. Ante la evidencia de que Murillo Bejarano seguía manejando actividades ilícitas desde sus sitios de reclusión mediante el control de grupos armados que no se habían desmovilizado, se hizo imposible para el gobierno para mantener sus beneficios judiciales, razón por la cual se ordenó su extradición hacia Estados Unidos para ser juzgado principalmente por narcotráfico119.

De este modo, la ausencia de Don Berna, quien para entonces ejercía la hegemonía en el bajo mundo de Medellín, provocó una ruptura del orden establecido, generándose un nuevo espiral de violencia motivada por la disputa entre las facciones criminales que pretendían llenar el vacío de poder120. La Oficina de Envigado se fragmentó y dos mandos medios que se perfilaban como los nuevos líderes, Erik Vargas alias Sebastián y Maximiliano Bonilla alias Valenciano comenzaron a pujar por tomar el control de la organización. Según Gil Ramírez, esta guerra por la sucesión dejó en evidencia que la estructura no pudo consolidar un jefe indiscutido tras el liderazgo de Murillo Bejarano pues ambos aspirantes tenían el prestigio pero no la suficiente capacidad para frenar la criminalidad como lo hizo Don Berna121.

Como era de esperar, la batalla tuvo un alto costo en vidas, tanto de integrantes de los bandos en conflicto, como entre los residentes de la ciudad que se vieron en medio de las confrontaciones. En efecto, tras el brusco descenso experimentado durante la Donbernabilidad (2003-2007), la violencia homicida comenzó a sufrir un fuerte aumento, llegando a 94.4 muertes por cada 100.000 habitantes en 2009 como se aprecia en el Gráfico 1. Aunque no se alcanzaron las alarmantes cifras observadas entre la década de los 80 y 90 cuando Pablo Escobar dominaba Medellín, esta fluctuación significó un retorno a niveles similares a los registrados cuando el Cacique Nutibara inició su desmovilización.

Brote de violencia que fue interrumpido en febrero de 2010, cuando se anunció la existencia de una tregua pactada entre Sebastián y Valenciano. A través de un comunicado suscrito por ambos, manifestaban su satisfacción por “el hecho de poder informar públicamente la terminación de las hostilidades entre nosotros y pedimos el apoyo de la población, con la esperanza de que podamos, en un futuro cercano, retomar los canales de la civilidad y la democracia”122. Dicho acuerdo resultó de la mediación realizada durante tres meses con y entre las filas de cuadros medios presos en diferentes recintos penitenciarios por una denominada Comisión de Notables, compuesta por monseñor Alberto Giraldo, Arzobispo de Medellín, Jaime Jaramillo, comisionado para Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; Francisco Galán Bermúdez, exmiembro del ELN y asesor de paz y Jorge Gaviria, ex director del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín123.

Los miembros de la Comisión de Notables, con vasta experiencia en negociaciones con grupos paramilitares e insurgentes, se presentaron como representantes de la sociedad civil pero sus gestiones fueron secretas, restándole legitimidad al proceso de mediación. Por ende, no contaron con el respaldo del otrora alcalde Alonso Salazar (2008-2011) ni con la aprobación de la opinión pública al considerar que la iniciativa no reportaría ninguna solución de fondo y terminaría por beneficiar a las facciones criminales124.

Y pese a que las concesiones a cambio de establecer la tregua nunca fueron admitidas y las autoridades colombianas negaron oficialmente haber participado en ella. Se presume que la iniciativa fue avalada por el Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, quien ofreció reducciones de pena para quienes se encontraran presos o se entregaran a la justicia, así como la posibilidad de que integrantes de bandas accedieran a programas de ayuda social de la Alcaldía de Medellín125. No obstante, la ausencia de voluntad por parte de los grupos criminales para incluir temas de naturaleza socioeconómica en su agenda de negociación con el objetivo de fortalecer el proceso de mediación, impidió avanzar más allá del cese de hostilidades.

Igualmente como sucedió durante la Donbernabilidad, la tregua pactada entre Sebastián y Valenciano estuvo orientada principalmente a la suspensión de enfrentamiento entre las facciones criminales y la norma consensuada de no incursionar en territorios controlados por el rival. Sin embargo, otras modalidades delictivas tales como la extorsión y venta de drogas al menudeo continuaron llevándose a cabo. En ambos casos, los procesos de paz evidenciaron la capacidad que poseen los actores criminales para incidir de manera sustancial en el comportamiento de los homicidios en la ciudad. Por ende, el resultado obtenido puede ser definido como una pax mafiosa, en que la mediación consiguió reducir artificialmente los niveles de violencia pagando un alto precio: empoderar a las organizaciones criminales126.

Dada su fragilidad, este acuerdo fracasó unos pocos meses después de ser anunciado y los enfrentamientos entre ambas facciones se reanudaron, tendiendo un impacto marginal en la reducción de los índices de violencia homicida (ver Gráfico 1). Empero, las capturas de Valenciano (28 noviembre de 2011) y de Sebastián (8 agosto de 2012), resultado de una labor adelantada por organismos de inteligencia de la policía y del pago de recompensas a informantes, permitieron poner fin a esa ola de violencia127. A partir de entonces y luego de un nuevo reacomodo en el hampa de Medellín generado por dichas aprehensiones, los enfrentamientos pasaron a ser protagonizados por diferentes facciones criminales que se aglutinaron en torno a la Oficina de Envigado y Los Urabeños, prologándose hasta la actualidad.

Finalmente, a partir del análisis realizado con anterioridad es posible concluir que la urbe colombiana volvió a sus niveles habituales de violencia en 2008 tras la decisión del gobierno nacional de extraditar a Don Berna, cristalizándose así la erosión del milagro de Medellín. Ese punto de inflexión dejó en claro que tal fenómeno respondió al rol clave jugado por el control hegemónico ejercido por Murillo Bejarano sobre el hampa a objeto de reducir las tasas de homicidios en la capital antioqueña. Por consiguiente, el periodo de paz inusitado experimentado en la ciudad fue generado por la Donbernabilidad.

Conclusiones

El impacto generalizado de la violencia en América Latina, la ha llevado a ser catalogada como la región más peligrosa del mundo por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta situación, sumado a la inefectividad de las políticas ejecutadas hasta ahora para mitigarlo ha generado un intenso debate sobre cómo algunas herramientas clásicas de resolución de conflictos, tales como la mediación, podría explorarse a objeto de contener la violencia asociada a cárteles, milicias y pandillas.

A lo largo de este trabajo se ha analizado un caso donde las condiciones locales facilitaron un acuerdo para reducir los homicidios con exitosos resultados. Empero, de ningún modo propone que esta sea una solución adecuada ante el aumento de violencia criminal en la región. Por el contrario, pretende destacar los dilemas que enfrentan los gobiernos al negociar con actores criminales para disminuir los niveles de letalidad. En este sentido, la experiencia colombiana permite extraer las siguientes lecciones a considerar cuando se aplican estrategias de mediación a organizaciones criminales:

La experiencia de Medellín pone de relieve que los procesos de pacificación negociada con grupos delictivos pueden conducir al paradójico resultado de empoderarlos como interlocutores privilegiados ante el Estado, al tiempo que posibilita la consolidación de un Paraestado, en el cual el primero se revela incapaz de controlar de manera soberana su territorio y población, debiendo compartir su autoridad con agrupaciones ilegales. Vale decir, termina potenciando el papel de estas últimas como intermediarios entre la institucionalidad y ciudadanía, fortaleciendo los nexos entre sectores políticos y actores armados ilegales.

De igual modo, deja en claro que un fuerte descenso de la violencia homicida no significa necesariamente que la situación haya mejorado. Por el contrario, puede indicar que existe una hegemonía criminal como la ejercida por Don Berna sobre los actores armados operativos en la capital antioqueña para que recurran a otras modalidades de violencia menos visibles para mantener el control sobre sus mercados ilícitos. En consecuencia, la drástica caída de los homicidios puede ser un resultado artificial asociado al ocultamiento de la violencia criminal.

En estrecha relación a lo anterior, es posible establecer que cualquier acuerdo pactado con grupos delictivos, así como la reducción de los niveles de violencia homicida producto de ellos no constituyen una solución a largo plazo dado que son frágiles, efímeros y altamente vulnerables a los cambios en las dinámicas del bajo mundo. En nuestro caso de estudio, vimos cómo una vez que Murillo Bejarano fue extraditado a Estados Unidos, su hegemonía sobre la escena criminal paisa se quebró y la ciudad retornó a sus niveles de mortandad habituales.

Por otra parte, estos procesos de mediación no suponen la desaparición de los autores de la violencia y criminalidad, sino que su conservación o reconfiguración dado que no consiguen desmontar de manera definitiva la existencia de agrupaciones delictivas. En efecto, la desmovilización del Cacique Nutibara se trató de una acción de legalización de solo una parte de su estructura, y como resultado, ese bloque paramilitar mantuvo su doble condición de desmovilizado al tiempo que continuó ejerciendo su liderazgo sobre las actividades ilícitas desarrolladas en Medellín a través de la Oficina de Envigado.

No obstante, se hace necesario afirmar, a partir de los datos recabados y analizados, que los procesos de mediación entre Estado y actores armados ilegales no constituye una respuesta única. Por ejemplo, México optó por la vía de librar la Guerra contra el narcotráfico en condiciones en las cuales los cárteles acabaron por atomizarse, reorganizarse y rediseñar su proceso de captura del territorio y, en algunos casos, de aspectos vitales de la función pública. Esto último también resume una tendencia que, bajo condiciones de debilidad estatal aún mayores, se da en el Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador), con la diferencia de que, efectivamente, se intentó solucionar judicialmente el fenómeno de las pandillas o maras con la incorporación de políticas públicas destinadas a producir incentivos socioeconómicos para que sus integrantes se integraran progresivamente a la sociedad civil, a partir de un ingreso de reemplazo que les permita prescindir de la actividad criminal como fuente de ingreso autónomo. En este sentido, el caso colombiano sí puede asimilar algunas lecciones, siendo la más importante la siguiente: separar los casos que política y socialmente ameritan un proceso de justicia más amplio e inclusivo, contra aquellos casos criminales en los que sí se exige justicia penal. Esta fase de impartición de justicia, acompañada de una inclusión por generación de incentivos socioeconómicos que den lugar a una paulatina recomposición del tejido social puede dar espacio a una desmovilización que amplíe y consolide las capacidades estatales en Medellín.

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